Un 49% opinó que lo más conveniente para el país es hacer algunas modificaciones a la Carta Magna. Asimismo, un 42% expresó que no ha leído la actual Constitución.
Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República consultó a la población sobre la Constitución y sus eventuales cambios. Al respecto de la propuesta del presidente Pedro Castillo que planteó una asamblea constituyente para cambiar la actual Carta Magna, un 49% expresó estar en desacuerdo y un 47%, de acuerdo.
La pregunta fue: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta presentada por el presidente Pedro Castillo al Congreso de convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución? El 49% de los encuestados expresó estar en desacuerdo, el 47%, de acuerdo y un 4% no sabe/no opina.
Cuando se consultó en relación a la Constitución de 1993, ¿qué es lo más conveniente para el país? El 49% expresó que prefiere que se le hagan algunas modificaciones, un 31% prefiere cambiar a una nueva Carta Magna, mientras que un 17% opina que no debe modificarse nada.
Un 53% declaró haber leído algunos artículos de la Constitución, un 4% respondió que leyó toda la Constitución y un 42% expresó que no ha leído la actual Carta Magna.
El apoyo de la propuesta de una asamblea constituyente se encuentra concentrado en el sur, y además en el centro y oriente del país, además en los sectores socioeconómicos D y E.
El rechazo a la asamblea constituyente se encuentra concentrado en Lima Metropolitana, el Perú urbano y en los niveles socioeconómicos A, B y también en la clase media C.
Archivo
El pasado 6 de mayo, la Comisión de Constitución archivó el proyecto de ley que envió el Ejecutivo para impulsar una Asamblea Constituyente. Fueron diez votos a favor del decreto de archivamiento, seis en contra y cero abstenciones.
La presidenta de la Comisión, Patricia Juárez (FP), consideró que esta iniciativa legislativa propone el “quiebre de una cláusula de intangibilidad, que está proscrito por la Constitución Política”, por lo que se decreta su archivamiento “por ser contrario a los principios y valores constitucionales establecidos por la voluntad del poder constituyente”.
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