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Especialistas en derecho electoral, penal y política analizan el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que la Corte Suprema declare ilegal a Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori. El recurso se presentó en pleno proceso electoral, de cara a las Elecciones Generales 2026.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema una solicitud para que se declare ilegal al partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. El pedido, contenido en un documento de más de 300 páginas, sostiene que la agrupación habría incurrido en conductas antidemocráticas, vulnerando derechos fundamentales y legitimando la violencia política.
La iniciativa se formalizó a partir de la denuncia presentada en marzo de 2025 por una ciudadana, la cual fue posteriormente sustentada con información y pruebas recopiladas por la Fiscalía de la Nación.
Según el Ministerio Público, Fuerza Popular habría desplegado prácticas que atentan contra las libertades y derechos fundamentales, incluyendo ataques contra magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos y periodistas.
La denuncia ha sido blanco de críticas de los dirigentes y congresistas de partido 'naranja' en las últimas horas. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recordó que Delia Espinoza enfrenta un proceso de suspensión que será evaluado por la Junta Nacional de Justicia, y lamentó que "siga dañando a su institución con cortinas de humo, en lugar de perseguir a la delincuencia que golpea a los peruanos".
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La mirada desde el derecho electoral
El especialista en derecho electoral José Naupari explicó que la Ley de Organizaciones Políticas establece, en su artículo 14, tres supuestos para solicitar la declaratoria de ilegalidad de un partido político por conducta antidemocrática. Entre ellos, dijo, figura el comportamiento sistemático de una organización política orientado a “atentar, justificar, excusar o promover delitos que afecten la vida, la integridad de las personas o que impliquen algún tipo de persecución”.
Sin embargo, recalcó que debe tenerse en cuenta que existen funciones avaladas por la Constitución y la ley que “no pueden ser consideradas como conductas antidemocráticas”, como impulsar vacancias presidenciales, interpelaciones o censuras, presentar proyectos de ley, entre otras.
“Lo que sí es preciso tener en claro es que, al tratarse de un proceso que va ante la jurisdicción ordinaria y que avanza en paralelo, este tipo de procedimientos no está atado al cronograma electoral. Tiene una implicancia, sin lugar a dudas; es claro que incluso podría tener una lectura política, pero jurídicamente hablando puede seguir su curso en paralelo”, resaltó, al precisar, que la denuncia podrá ser evaluada de manera simultánea al desarrollo de las Elecciones Generales 2026.
Naupari también consideró “desafortunado” el pronunciamiento del Poder Ejecutivo que cuestiona el pedido de la Fiscalía. Sostuvo que la única instancia que puede evaluar el proceso iniciado por el Ministerio Público, “así esté errado o no”, es el Poder Judicial.
“Es lamentable que el Poder Ejecutivo pretenda tomar posición —no tan tácitamente, en realidad— con este tipo de pronunciamientos, que, por cierto, no recuerdo que en su momento, por ejemplo, hayan dado en otros procesos o intentos de declaratoria de ilegalidad por conducta antidemocrática contra otros partidos", advirtió.
Perspectiva penal sobre el caso
El abogado penalista Luis Lamas explicó a RPP que la ley permite a la Fiscalía de la Nación presentar denuncias para declarar ilegal a un partido cuando sus conductas puedan afectar la democracia. Señaló que será la Corte Suprema la que evalúe estos argumentos, y enfatizó que esta acción no debe interpretarse como "persecución política".
"Los motivos [señalados en la denuncia contra Fuerza Popular] son argumentaciones que tienen aspecto de contenido formal respecto a cuestionamientos sobre la forma y la manera en que habría venido comportando este partido político. Eso está establecido tanto en la ley electoral, como en la Ley Orgánica del Ministerio Público, por tanto, esta es una perrogativa de la Fiscalía. Le quieren dar un sentido persecución política y de otra naturaleza, esas ya son interpretaciones de las partes interesadas, pero, en principio, no es un capricho de la Fiscal de la Nación. Eso está establecido en su ley orgánica y hay antecedentes [caso Antauro Humala]", resaltó.
Lamas Puccio señaló que, si bien resulta “circunstancial” que el proceso de la Fiscalía se lleve a cabo en el marco de un proceso electoral, sería recomendable que la Corte Suprema emita su respuesta a la mayor brevedad.
"Dado que estamos ad portas de un proceso electoral, existen expectativas políticas. Creo que cuanto más rápido resuelva la Corte Suprema, más pronto se podrá poner fin a esta controversia, ya sea a favor o en contra. Pero sí se requiere que la Corte Suprema resuelva lo antes posible la solicitud presentada por la Fiscalía”, resaltó.
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Análisis político del proceso
Para el analista político Enrique Castillo, teniendo en cuenta la acción dispuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y el antecedente del partido de Antauro Humala —declarado ilegal meses atrás por conducta antidemocrática— “se puede empezar a generar un precedente en que la Fiscalía y otros órganos jurisdiccionales empiecen a intervenir en lo que es el manejo político del país”, a partir del cual “otros órganos en el futuro podrían decidir qué partidos políticos pueden participar o no en una elección”.
Otro aspecto que destacó Castillo es que existen comportamientos de miembros de otras organizaciones políticas que también podrían calificarse como antidemocráticos, por lo que dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía evalúe si extiende la investigación a otros partidos.
“Si bien cierto, hay como precedente el tema de Antauro Humala. También es verdad que muchos otros partidos y dirigentes de estas organizaciones han tenido actuaciones muy parecidas a las que plantea —por lo menos de lo que se ha conocido preliminarmente de la Fiscalía—. Hay líderes de partidos políticos que incluso han deseado la muerte o han dicho que hay que matar a determinadas personas, y eso no solamente en los partidos de extrema izquierda radical, sino también en los de extrema derecha radical”, puntualizó.
“Actuaciones de esa naturaleza se han presentado, con lo cual uno puede preguntarse: ¿va a extender la Fiscalía de la Nación también la investigación a otro tipo de líderes y a otro tipo de partidos que también han tenido básicamente las mismas actuaciones?”, sugirió.
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