La vicepresidenta indicó que la UIF debería entregar información a los organismos electorales sobre los candidatos vinculados al narcotráfico.
La vicepresidenta, Marisol Espinoza, se manifestó a favor de aprobar la iniciativa legislativa que propone ampliar las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad encargada de analizar información sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La también congresista, se inclinó hacía esa alternativa legal, al ser consultada sobre la reciente denuncia sobre los supuestos vínculos del congresista de Perú Posible, José León, con un narcotraficante mexicano.
Indicó que antes que crear una comisión investigadora, el tema de la lucha contra el narcotráfico debe ser abordado corrigiendo las deficiencias de control en los organismos competentes.
En ese sentido, señaló que entidades como la UIF deberían otorgar herramientas legales a organismos electorales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el JNE, que permitan detectar a tiempo, a los candidatos a gobiernos locales, regionales o a la Representación Nacional, que estén relacionados con el narcotráfico.
"Primero tener una posición firme y de rechazo contra el narcotráfico y esto significa no solamente aprobar esta propuesta legislativa (a favor de la UIF) si no ir más allá; una reforma que implique que estos informes de inteligencia también puedan ser conocidos por el Jurado Nacional de Elecciones y el ONPE en procesos electorales", dijo Espinoza a RPP Noticias.
"Porque de ninguna manera vamos a frenar el narcotráfico si seguimos permitiendo o dejamos vacíos legales que pueden ser aprovechados (...) Necesitamos aprobar una ley de reforma para el proceso para que beneficie y de más herramientas a los organismos electorales", agregó.
Finalmente se manifestó a favor de impulsar el mecanismo de "la curul vacía", que propone castigar con un escaño menos en el parlamento a los partidos que alberguen en sus listas a congresistas vinculados a actividades ilícitas.
Cabe recordar que en mayo de 2013, la comisión de Constitución del Congreso decidió no aprobar el dictamen que proponía fortalecer y otorgar mayores atribuciones a la UIF, a través del acceso directo al secreto bancario y a la reserva tributaria. El grupo parlamentario argumentó que ampliar las prerrogativas de la UIF podría constituir una vulneración al derecho ciudadano al secreto bancario y tributario.
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