"El año pasado hemos tenido el presupuesto más importante de las reparaciones, se ha avanzado mucho en esa materia", manifestó.
A 10 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el Gobierno ratifica su compromiso de seguir trabajando por la pacificación nacional y la reparación a las víctimas de la violencia, aseveró el jefe del Gabinete ministerial, Juan Jiménez Mayor.
"La reflexión que me deja el informe a diez de años de su presentación es que tenemos que seguir trabajando para pacificar el país", expresó el premier.
Sostuvo que el terrorismo, que desató el periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000, es ahora una lacra focalizada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que hay que combatir desde diferentes frentes.
En la agreste zona del Vraem, dijo, aún se mantiene un bolsón del terrorismo vinculado a acciones criminales como el narcotráfico.
Por ello, subrayó que el Poder Ejecutivo actúa con decisión para "derrotar" finalmente a la subversión en es parte de la selva del país, así como lo ha hecho en el Huallaga, donde se está consolidando este proceso.
Asimismo, destacó las acciones tomadas por el Poder Ejecutivo para reparar a las víctimas de la violencia, como lo recomendó el informe final de la CVR.
"El año pasado hemos tenido el presupuesto más importante de las reparaciones, se ha avanzado mucho en esa materia", manifestó.
Precisamente, el 2012 se destinó más de 100 millones de soles para el pago de reparaciones individuales, para lo cual se hizo un arduo trabajo de identificación de los beneficiarios, lo que concluyó con ocho listas de personas que al final fueron resarcidas.
El informe de la CVR, presentado el 28 de agosto de 2003, analizó las causas del periodo de violencia que desató el terrorismo en el Perú, en las décadas de los ochenta y noventa, y estimó en 69 mil el número de personas fallecidas.
El documento concluyó también que la población campesina fue la principal víctima de esta violencia, al constatar que el 79% de los fallecidos vivía en zonas rurales.
También recomendó el procesamiento de decenas de casos de violaciones a los derechos humanos, además de ubicar y reparar a las víctimas.
ANDINA
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