En lo que va del año han sido sometidos a proceso de ratificación 513 magistrados, de los cuales fueron ratificados 433, no ratificados 7 y no ratificados en trámite 42.
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Máximo Herrera Bonilla, dijo hoy que esta institución, encargada del nombramiento, evaluación, ratificación y destitución de los jueces y fiscales, está comprometida en la lucha contra la corrupción a fin de mejorar la administración del justicia en el Perú.
"El CNM es parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y se encuentra comprometido en dar dura batalla contra la corrupción, que es un cáncer que le hace mucho daño a la sociedad y urge erradicarla.
Lo hacemos desde nuestra competencia y tenemos la obligación de retirar del Poder Judicial y Ministerio Público a aquellas personas que su conducta linda con actos de corrupción", declaró en entrevista con el Diario Oficial El Peruano.
En lo que va del año han sido sometidos a proceso de ratificación 513 magistrados, de los cuales fueron ratificados 433, no ratificados 7 y no ratificados en trámite 42. Se reservó la decisión para 25 funcionarios, mientras que 6 están pendiente de entrevista.
Los magistrados son evaluamos en dos grandes rubros: conducta e idoneidad. En la conducta se estudia el número de sanciones que ha tenido el funcionario en el periodo de ratificación; si las sanciones, tipo suspensiones o multas, son reiterativas es un indicativo para que merite si este magistrado debe ser o no ratificado.
Otros parámetros de evaluación son las comunicaciones de participación ciudadana, asistencia y puntualidad, información de los colegios y asociaciones de abogados.
"Si bien el principio de licitud no nos permite evaluar negativamente los casos que se encuentran en trámite, prestamos atención a los casos de corrupción en el que el magistrado viene siendo materia de investigación o de denuncia o queja. Siempre llama la atención que un funcionario tenga un alto número de denuncias o investigaciones por corrupción, por lo que forman parte de la entrevista personal", acotó Herrera.
Explicó que puede haber magistrados que registren bienes muebles e inmuebles que podrían superar la correspondencia que debe haber entre sus ingresos y egresos. Si estas personas no dan respuestas satisfactorias durante la entrevista que permitan esclarecer sus registros, también sería un indicador para la no ratificación.
En el rol de la idoneidad hay jueces y fiscales que obtienen baja calificación en sus sentencias; si tienen baja calificación quiere decir que el magistrado evaluado no está en capacidad de seguir desempeñándose y se le retira del cargo.
Los casos de los exmagistrados Raúl Rosales Mora y Manzón Urbina demuestran la férrea línea de selección que lleva adelante el CNM; Rosales no fue ratificado en función, ya que sintomáticamente en su juzgado se veían muchas acciones de amparo que eran rebatibles.
A Urbina no se le separó por el tema de La Parada; en la evaluación se determinó que sus sentencias no tenían la coherencia que se reclamaba, tenía baja calificación por sus sentencias, presentaba medidas disciplinarias entre ellas dos suspensiones y multas, y no había presentado todas las declaraciones juradas correspondientes a su periodo de evaluación.
"Estamos trabajando para que tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público se queden magistrados probos que administren justicia con idoneidad", dijo Herrera.
Sobre la ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz indicó que es un caso que está en trámite. La comisión de procesos disciplinarios que tiene a su cargo el proceso aún no ha remitido al pleno del CNM el informe para ponerlo en debate. Estimó que este caso se podría definir en unos días.
Sobre José Antonio Peláez Bardales, actual fiscal de la Nación, indicó que tiene una denuncia hecha por un congresista de la República, pero que está en evaluación para determinar si se le abre una investigación preliminar o no.
Dijo que Javier Villa Stein, ex presidente de la Corte Suprema, tiene una investigación preliminar, que se encuentra en trámite y en el caso del también expresidente de la Corte Suprema, César San Martín, ha sido informado de que ya se culminó la pesquisa y que la comisión está preparando el informe para presentarlo posiblemente esta semana.
La plaza de fiscal supremo recalcó que se resolvería antes de fin de año y los candidatos son Zoraida Ávalos, Nora Miraval y José Pereira.
"Entre los tres tenemos que escoger a uno. Esto no significa que nuestros votos sean para tal o cual candidato en la medida que pueda favorecer a su vez a algún candidato para la Fiscalía de la Nación. Creo que a fines de diciembre ya podríamos tener cubierta la plaza", finalizó.
Andina.
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