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La Operación Chavín de Huántar fue eficaz y exitosa, y no tuvo la misión de matar personas, sino la de rescatar rehenes, sostuvo hoy el embajador peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez, al señalar que no debe existir ninguna mancha de duda al respecto.

Resaltó que desde un comienzo esa ha sido la tesis del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el juicio seguido por la supuesta ejecución extrajudicial de los emerretistas que en 1996 tomaron la residencia del embajador japonés en Lima.

Según reseñó, la imputación al Estado peruano estuvo argumentada en que, supuestamente, este fue un operativo “destinado a matar a los emerretistas”, pero la evaluación de la propia Corte Suprema de Justicia del Perú eximió completamente a los comandos Chavín de Huántar de cualquier sospecha.

“La defensa ante la corte la hemos apuntado a que no puede existir ninguna mancha de duda en una operación como esta. Por la verticalidad que existe en el cumplimiento de las órdenes, hay la certeza que no hubo ningún hecho irregular en la actuación de los comandos”, anotó.

En entrevista con TV Perú, Jiménez Mayor destacó que el Perú ha realizado el mejor trabajo de defensa que se podía hacer en un proceso de esta naturaleza, a diferencia -mencionó- del gobierno anterior, que no defendió al país “con el énfasis ni la fuerza que se requerían”.

En su criterio, el informe de fondo por el caso Chavín de Huántar fue presentado en junio del 2011, a poco de concluir el segundo gobierno de Alan García, momento en el cual –indicó– se debió convencer a la CIDH de que este tema no merecía pasar a la Corte IDH.

“Las personas que participaron en su momento tendrán que explicar al país por qué ejercieron la defensa de esa manera”, aseveró el representante peruano, al referir que en el Gobierno actual no ha escatimado esfuerzos para demostrar cuál fue el papel del Estado en este caso.

Tras señalar que la presunta ejecución extrajudicial del "camarada Tito" se encuentra en investigación, Jiménez indicó que la justicia peruana ya ha determinado que hubo un uso proporcional de la fuerza y ninguna orden de matar a algún emerretista, salvo en situación de combate.

Perú no indemniza a terroristas
Más adelante, el también expresidente del Consejo de Ministros afirmó que la posición peruana en todos los casos que enfrenta en la Corte IDH es la de no pagar reparaciones a terroristas, y dijo estar seguro de que el caso Chavín de Huántar no será la excepción.

“El Perú no paga reparaciones a terroristas (…). En todo caso, el país tendrá que tomar su decisión y estoy seguro de que esta será no pagar ningún tipo de reparación. Es una posición muy sólida la defensa del planteamiento del no pago de reparaciones”, manifestó.

Para Jiménez Mayor, en este caso las víctimas resultaron ser los rehenes de la residencia diplomática japonesa y la propia sociedad peruana, pero en ningún caso los terroristas que tomaron dicha sede diplomática.

Ellos, añadió, fueron los victimarios en este secuestro, por lo que una eventual sentencia que ordene pagarles una reparación civil “sería un insulto al Perú”.

Por último, estimó que en los próximos 15 o 20 días la Corte IDH dictará sentencia por este caso, de modo tal que se debe esperar con tranquilidad la decisión que se adopte al respecto.

La Operación Chavín de Huántar se realizó el 22 de abril de 1997, a fin de liberar a las personas retenidas contra su voluntad en la residencia del entonces embajador de Japón en Lima (Morihisa Aoki), por terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Años después, una organización que defiende a los familiares de los sediciosos que murieron durante la operación llevó el caso al referido tribunal internacional, argumentando que hubo ejecuciones sumarias de terroristas luego de haberse rendido, como en el caso del emerretista "Tito".

En el 2011, el caso del rescate de los rehenes del MRTA en la residencia del embajador pasó a la Corte IDH, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera un informe de fondo desfavorable al Perú.

Andina