Juzgado Penal de Lima investigará caso de técnico FAP acusado de espía

La jueza titular del 58° Juzgado Penal de Lima, Antonia Saquicuray Sánchez, asumió el caso de la investigación judicial contra el técnico FAP Víctor Ariza Mendoza y otros tres implicados en la venta de información secreta a Chile a cambio.

Luego que el pasado viernes el juez penal de turno, Luis Garzón Castillo, abrió instrucción contra los presuntos responsables por los cargos de revelación de secretos nacionales, espionaje y lavado de activos en agravio del Estado.

Saquicuray manifestó que su actuación al frente de esta causa será con total imparcialidad, independencia y ajena a todo tipo de presiones, de acuerdo a ley y con la celeridad que el proceso amerita, informó el Poder Judicial.

"Se garantizará, asimismo, los derechos procesales de las partes", anotó Saquicuray quien hoy, en horas de la tarde, tomó conocimiento del expediente.

"Se programarán las diligencias previstas en el autoapertorio: instructivas, preventivas, testimoniales, etc.", indicó.

Destacó que este proceso es de naturaleza ordinaria, lo que implica que tiene cuatro meses para investigar, prorrogable a dos meses más y, si el caso amerita, se declarará complejo.

Entre los jueces de la especialidad penal, Saquicuray Sánchez es una de las que tiene mayor trayectoria, habiendo estado a cargo de los casos "del Grupo Colina y Barrios Altos", "Haylilie", "Popular y Porvenir", "Aprodev", adquisición de aeronaves de Bielorrusia, entre otros.

En esta causa están involucrados Ariza Mendoza, otro técnico FAP cuya identidad se mantiene en reserva y dos supuestos militares de nacionalidad chilena identificados con los nombres de Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas, procesados por los cargos de revelación de secretos nacionales, espionaje y lavado de activos.