El nuevo presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, tiene la responsabilidad de garantizar que la agenda parlamentaria y la prometida actitud no obstruccionista contribuyan a restablecer la confianza perdida en instituciones.
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El presidente Martín Vizcarra afirmó en su discurso ante el Congreso que había llegado al poder en un contexto de inestabilidad y sostuvo que por eso su tarea principal es asegurar la estabilidad de nuestras instituciones.
Para conseguir ese objetivo ha propuesto consultar al pueblo soberano, vía referendo, sobre cuatro puntos, según su criterio, esenciales para dar transparencia a nuestro sistema judicial y a nuestro mecanismo de representación política: la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la prohibición de reelección de los congresistas, el financiamiento privado de las campañas electorales y la creación de una segunda cámara en nuestro Parlamento.
No todos están de acuerdo con esas propuestas y otras que se materializarán en seis Proyectos de Ley anunciados, dos Planes Nacionales y un rápido dispositivo para aligerar la sobrecarga judicial causada por la abundancia de reclamos pensionarios. Algunos han considerado que el discurso tuvo un sesgo populista, de hablar para las tribunas, en particular en lo referido a la no reelección de congresistas. Curiosamente en ciertos casos esas críticas vienen de los mismos que proponen que se añada a la lista de consulta popular la reinstalación de la pena de muerte y la prohibición de difusión de comunicaciones públicas a través de medios privados.
Otros han esgrimido objeciones de procedimiento para precisar que los temas que serán sometidos a referendo deben ser primero objeto de una ley votada en el Congreso. Pero nadie ha reprochado al discurso presidencial carecer de sustancia ni de evitar los riesgos asumidos por un presidente que carece de partido y de mayoría parlamentaria.
Antes de la primera sesión plenaria de la actual legislatura, prevista el jueves 16 de agosto, conoceremos con más detalle las medidas recomendadas por la Comisión Wagner. Pero desde ya, las revelaciones y las detenciones de los últimos días no deben dejar dudas sobre la necesidad de actuar de manera rápida y decidida para desmontar las redes que se han creado en torno a tráficos ilegales. La corrupción es hoy la principal amenaza al Estado de derecho, ella afecta por igual a nuestros derechos ciudadanos y a la seguridad jurídica sin la cual seguiremos bajando en los rankings internacionales de estímulos a la inversión.
El nuevo presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tiene la considerable responsabilidad de garantizar que la agenda parlamentaria y la prometida actitud no obstruccionista contribuyan a restablecer la confianza perdida en instituciones, como el Poder Judicial y el propio Congreso, que se ubican apenas por encima de cifras de un solo dígito. Hacerlo no es solo el interés de Fuerza Popular, sino del pueblo que será llamado a dirimir.
Las cosas como son.
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