Medidas urgentes al servicio de la salud, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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El presidente de la República anunció anoche la proclamación del Estado de Emergencia al amparo del artículo 137 de la Constitución. Vizcarra reconoció se trata de “medidas extremas y urgentes”, pero necesarias para hacer frente a la grave amenaza sanitaria producida por la expansión del coronavirus. El Decreto Supremo publicado anoche recuerda que la Constitución permite al Ejecutivo en caso de “catástrofe o graves circunstancias” la suspensión de derechos y libertades. A partir de hoy la población de todo nuestro territorio deberá vivir durante quince días en estado de “aislamiento social”, que es otra manera de denominar la “cuarentena”. Habiéndose suspendido las clases y los espectáculos, la nueva restricción concierne al trabajo, tanto en el sector privado como en el público. Las restricciones afectan también el ingreso y salida de nuestro territorio, puesto que hoy, a partir de la medianoche quedará prohibido el ingreso por vía aérea, terrestre o fluvial. Naturalmente estas medidas significan una grave alteración de la vida de las personas, las familias y las empresas, por lo que se anuncian iniciativas y subvenciones para compensar los inevitables perjuicios.

El presidente y el primer ministro precisaron la lista de excepciones, destinadas a que se mantengan los servicios básicos, el comercio de alimentos y medicamentos, el cuidado de niños y ancianos y la actividad de la prensa. El Estado de Emergencia implica también la posibilidad de que la Fuerza Armada participe para evitar que se desvirtúe el objetivo de la medida: impedir que se acelere el ritmo de los contagios, con la consiguiente incapacidad de los hospitales de acoger a las infectados que desarrollen síntomas. El gobierno de Vizcarra ha optado por el modelo aplicado con éxito en China, donde la tasa de contagio y mortalidad creció exponencialmente, antes de que se impusiera la cuarentena en la ciudad de Wuhan, lugar de los primeros casos conocidos de la nueva forma del coronavirus.

El caso contrario lo estamos viendo estos días en Italia y España, cuyos gobiernos reaccionaron con tardanza, para llegar después de miles de infectados y cientos de muertos a la misma estrategia aplicada en China: reducir el contacto entre eventuales infectados y personas de su entorno familiar o social. De hecho la palabra “cuarentena” es una vieja creación de la políticas sanitarias que hicieron frente a las pestes y epidemias que asolaron Europa durante la Edad Media y hasta el siglo XX. Algunos epidemiólogos recuerdan el caso de la Gripe española, que entre 1918 y 1920 mató a decenas de millones de personas: donde más víctimas mortales hubo fue precisamente en los lugares que no quisieron aplicar las duras restricciones de una cuarentena.

Entre la pasividad y el Estado de Emergencia, Vizcarra tomó una decisión que tiene el mérito de la claridad. El presidente y la ministra de salud saben demasiado bien lo que nos podría costar en vidas humanas el dilatar las restricciones impuestas. Puesto que catorce días es el período máximo de incubación del coronavirus, al final de la cuarentena podemos haber frenado el avance de la enfermedad. Pero no bastan las decisiones oficiales, por más rigor que se ponga en aplicarlas. Hace falta el respaldo de la población y sus pequeños gestos: lavarse las manos, evitar las reuniones, cubrirse la nariz y la boca para estornudar y toser.

El presidente rindió homenaje a médicos y personal sanitario, que se hallan en la primera línea de fuego. Su tarea es agotadora y arriesgada. Pero garantizar la salud es responsabilidad de todos y la prioridad deben ser los más vulnerables: nuestros ancianos y los que padecen enfermedades crónicas que agravan la acción del virus. Para ganar esta batalla tenemos que apoyarnos sobre tres pilares: la ciencia médica, la eficiencia del Estado y la disciplina de los ciudadanos. La recompensa será el restablecimiento de la salud pública.

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