El abogado explicó que el ex mandatario se acogió a la ´conclusión anticipada´ en su cuarto juicio porque no confiaba en la imparcialidad del tribunal que lo juzgó.
César Nakazaki, abogado del ex presidente Alberto Fujimori, consideró que la Corte Suprema del Poder Judicial ha buscado la eliminación política de su defendido, quien ayer fue condenado a seis años de pena privativa de libertad, tras haber aceptado los cargos en actos de corrupción.
En diálogo con RPP, el abogado recordó que, durante los procesos contra Fujimori, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, señaló que la ley de la Carrera Judicial es una represalia del fujimorismo. Asimismo, apuntó que el propio juez César San Martín manifestó, durante la ceremonia por el Día del Juez, que el fujimorismo era lo más funesto que ha existido en la historia del Perú para el Poder Judicial.
"Esto nos evidencia que, a nivel de Corte Suprema, hay una ideología muy clara: la eliminación política de Albero Fujimori a través de los procesos judiciales", dijo Nakazaki. "El tribunal no ofrecía las garantías de imparcialidad suficientes", agregó.
En tanto, el letrado explicó que el ex mandatario se acogió al recurso de "conclusión anticipada" en su cuarto juicio porque no confiaba en la imparcialidad del tribunal que lo juzgó.
"Quienes estuvieron en la audiencia donde se expresó conformidad con la acusación, se señaló que el motivo por el cual se recurría a este mecanismo no era la aceptación de los delitos, sino la convicción de que el tribunal no ofrecía las garantías de imparcialidad suficientes", apuntó.
"Cuando expliqué la conformidad, era nuestra convicción de que el tribunal no garantizaba imparcialidad y que los argumentos ya los había consignado en la recusación que día atrás formulé. (...) Si nosotros entendemos que hay un tribunal arbitrario, decimos: "Para qué un juicio largo". Recurrimos a este mecanismo para un juicio corto", agregó.
Como se recuerda, Alberto Fujimori fue sentenciado ayer a seis años de prisión y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por dos años, por los delitos de peculado, cohecho activo y escucha telefónica por los casos "Congresistas tránsfugas", "Compra de Cable Canal de Noticias" e "Interceptación telefónica".
Asimismo, el dictamen establece que el ex mandatario deberá pagar al Estado S/.24"060,217 como reparación civil y entregar a cada una de las 28 víctimas de la interceptación telefónica S/.107,142, lo que hace un total de S/.3 millones.
En diálogo con RPP, el abogado recordó que, durante los procesos contra Fujimori, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, señaló que la ley de la Carrera Judicial es una represalia del fujimorismo. Asimismo, apuntó que el propio juez César San Martín manifestó, durante la ceremonia por el Día del Juez, que el fujimorismo era lo más funesto que ha existido en la historia del Perú para el Poder Judicial.
"Esto nos evidencia que, a nivel de Corte Suprema, hay una ideología muy clara: la eliminación política de Albero Fujimori a través de los procesos judiciales", dijo Nakazaki. "El tribunal no ofrecía las garantías de imparcialidad suficientes", agregó.
En tanto, el letrado explicó que el ex mandatario se acogió al recurso de "conclusión anticipada" en su cuarto juicio porque no confiaba en la imparcialidad del tribunal que lo juzgó.
"Quienes estuvieron en la audiencia donde se expresó conformidad con la acusación, se señaló que el motivo por el cual se recurría a este mecanismo no era la aceptación de los delitos, sino la convicción de que el tribunal no ofrecía las garantías de imparcialidad suficientes", apuntó.
"Cuando expliqué la conformidad, era nuestra convicción de que el tribunal no garantizaba imparcialidad y que los argumentos ya los había consignado en la recusación que día atrás formulé. (...) Si nosotros entendemos que hay un tribunal arbitrario, decimos: "Para qué un juicio largo". Recurrimos a este mecanismo para un juicio corto", agregó.
Como se recuerda, Alberto Fujimori fue sentenciado ayer a seis años de prisión y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por dos años, por los delitos de peculado, cohecho activo y escucha telefónica por los casos "Congresistas tránsfugas", "Compra de Cable Canal de Noticias" e "Interceptación telefónica".
Asimismo, el dictamen establece que el ex mandatario deberá pagar al Estado S/.24"060,217 como reparación civil y entregar a cada una de las 28 víctimas de la interceptación telefónica S/.107,142, lo que hace un total de S/.3 millones.
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