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por Redacción RPP
·Un total de 592 correos electrónicos y archivos de audio del caso de espionaje telefónico, fueron borrados por un intruso que ingresó al Palacio de Justicia.
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), resolvió abrir procedimiento de investigación preliminar contra quienes resulten presuntamente responsables por los hechos denunciados vinculados con la eliminación de archivos incautados en el caso Petroaudios.
Según se recoge en información periodística a partir de la denuncia del fiscal Walter Milla, la madrugada del lunes 4 de mayo del 2009 un "intruso" habría ingresado al despacho de la jueza María Martínez Gutiérrez, ubicado en el cuarto piso del Palacio Nacional de Justicia, y habría borrado 592 archivos (entre audios y correos electrónicos) de dos dispositivos portátiles de almacenamiento de información (USBs) incautados a Giselle Giannotti Grados, funcionaria de Business Track (BTR).
Frente a ello, la OCMA, a cargo del Juez Supremo Enrique Mendoza Ramírez, ha encargado a su Unidad de Investigación y Anticorrupción que, dentro del plazo legal, actúe los medios probatorios pertinentes y establezca si existen o no suficientes indicios para determinar la procedencia del inicio de una investigación definitiva por las presuntas irregularidades que vendrían cometiéndose.
Según se recoge en información periodística a partir de la denuncia del fiscal Walter Milla, la madrugada del lunes 4 de mayo del 2009 un "intruso" habría ingresado al despacho de la jueza María Martínez Gutiérrez, ubicado en el cuarto piso del Palacio Nacional de Justicia, y habría borrado 592 archivos (entre audios y correos electrónicos) de dos dispositivos portátiles de almacenamiento de información (USBs) incautados a Giselle Giannotti Grados, funcionaria de Business Track (BTR).
Frente a ello, la OCMA, a cargo del Juez Supremo Enrique Mendoza Ramírez, ha encargado a su Unidad de Investigación y Anticorrupción que, dentro del plazo legal, actúe los medios probatorios pertinentes y establezca si existen o no suficientes indicios para determinar la procedencia del inicio de una investigación definitiva por las presuntas irregularidades que vendrían cometiéndose.
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