Procuradora antidrogas, doctora Sonia Medina Calvo, propuso al tribunal que se realice un juicio oral con todas las garantías del caso.
El colegiado “D” de la Sala Penal Nacional dejó al voto el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Penal para que precise sus discrepancias con el dictamen fiscal que propone archivar el proceso judicial seguido contra integrantes de las familias Sánchez Paredes, Sánchez Alayo y ocho empresas vinculadas a ellas.
Santos Orlando Sánchez Paredes, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Segundo Manuel Sánchez Paredes, Miguel Ángel Sánchez Alayo, Fidel Ernesto Sánchez Alayo, Blanca Azucena Sánchez Príncipe y Jesús Belisandro Esteves Ostolaza han sido encausados por la comisión del presunto delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas en la modalidad de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado.
El colegiado, presidido por el juez superior titular, doctor Jorge Calderón Castillo, escuchó en audiencia pública (vista de causa) durante más de una hora, los informes de la procuradora pública para delitos de tráfico ilícito de drogas, doctora Sonia Medina Calvo, y de los abogados de los procesados sobre el dictamen del fiscal supremo.
JUICIO ORAL
Medina Calvo sustentó que el dictamen de la Fiscalía Suprema carece de sustento legal, pues ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Ministerio Público ni otra norma procesal lo ampara. Tampoco, dijo, existe precedente en la práctica judicial y es contradictorio con respecto a otros pronunciamientos del mismo representante del Ministerio Público.
Por el contrario, indicó, que la resolución del colegiado “D” expedida en mayo del 2013, que ordenó remitir el expediente a la Fiscalía Suprema para que se formule acusación contra los procesados “se ajusta a los criterios enmarcados dentro de la normatividad legal vigente”.
En ese sentido, propuso al tribunal que por “razones de salud procesal” se realice un juicio oral con todas las garantías del debido proceso.
ARCHIVAR EL CASO
En representación de los encausados hicieron uso de la palabra los abogados Jorge Paredes Pérez, Luis Roy Freyre, Luis Reyna Alfaro, Silvana Carrión Ordinola, César Nakazaki Servigón y Jorge Avendaño Valdéz.
Ellos, en general, solicitaron al tribunal acoger el dictamen no acusatorio de la fiscal superior adjunta María Maguiña Torres y se archive el proceso porque, desde su perspectiva, no existen pruebas para que sus defendidos sean sometidos a un juicio oral.
El colegiado que preside el juez superior titular doctor Jorge Calderón Castillo emitirá su decisión dentro de los plazos que establece la ley.
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