Enrique Mendoza afirmó que su institución es consciente de la necesidad de mantener el equilibrio de la caja fiscal, pero que les preocupa que se condicionen los ingresos de los jueces desde un ´organismo ajeno al Poder Judicial´.
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, reconoció la intención del Poder Ejecutivo de buscar una solución a la crisis generada a partir de la ley que dispone la homologación de sueldos de magistrados.
Señaló que esta voluntad mantiene abierta la posibilidad de continuar un debate, "que busque cerrar este capítulo lo antes posible, sin afectar los principios básicos de la gestión económica financiera de la Nación y la autonomía del Poder Judicial.
En tal sentido, afirmó que su institución es consciente de la necesidad de mantener el equilibrio de la caja fiscal, "y por ello todas las soluciones que han planteado (el Ejecutivo) deben buscar un cumplimiento progresivo de lo que la ley establece".
Asimismo, señaló que también les preocupa que se pretenda condicionar los ingresos de los jueces desde un "organismo ajeno al Poder Judicial". Indicó que una disposición de este tipo "viola el principio de separación de los poderes públicos".
Informó que este lunes recibió la visita del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva y los ministros Luis Castilla y Daniel Figallo de las carteras de Economía y Justicia, respectivamente.
Afirmó que estos representantes del Ejecutivo, anunciaron la disposición del gobierno de respetar los términos de homologación de los Jueces Supremos con los congresistas de la República, así como su disposición de retirar los gravámenes a las asignaciones no pensionables, planteadas en el proyecto de ley presentado al parlamento
Expresó que estas rectificaciones del Ejecutivo son ponderadas muy positivamente por el Poder Judicial, "en la medida que entendemos que el planteamiento original afectaba la independencia de la judicatura".
"Sin embargo también debemos declarar a la ciudadanía y al país, que nos preocupa las modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial, planteadas en el proyecto (...) estas modificaciones atentan contra los derechos de los magistrados componentes esencial de la independencia jurisdiccional", puntualizó.
"Tenemos que pedir tanto al congreso, como a las autoridades, que los derechos que tienen los magistrados no deben ser tocados, fuera de ello ya están amparados en dos sentencias del Tribunal Constitucional", añadió.
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