´Apunta a ordenar y mejorar la gestión de los recursos humanos, para mejorar el desempeño del servidor y el impacto positivo en la ciudadanía´, resalta la Presidencia del Consejo de Ministros.
La polémica por el proyecto de Ley del Servicio Civil llegó a su punto más crítico la semana pasada, cuando cientos de trabajadores salieron a protestar contra esta iniciativa, cuyo debate en Pleno del Congreso fue finalmente postergado.
Pero, ¿en qué consiste este proyecto de ley?, ¿por qué los gremios de trabajadores, como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) han expresado su profundo rechazo?
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) refiere que el objetivo principal de la iniciativa es mejorar el servicio ciudadano, apuntando a "ordenar y mejorar la gestión de los recursos humanos, para mejorar el desempeño del servidor y el impacto positivo en la ciudadanía".
"Busca además introducir conceptos como la meritocracia, idoneidad y profesionalización de los servidores públicos. La reforma apunta también a garantizar la permanencia de los mejores directivos y la baja rotación del personal más competente, así como la estabilidad de los profesionales de línea media de carrera. Ello permitirá una mayor continuidad en las políticas públicas y sostenibilidad del quehacer del Estado", remarcó.
Al respecto, el jefe del Gabinete, Juan Jiménez, resaltó que no se trata de una ley que busque reducir los derechos laborales de los trabajadores públicos, sino todo lo contrario, capacitarlos y aumentar sus derechos. "No es una ley compulsiva, que obligue al servidor a trasladarse a una nueva ley, porque los regímenes especiales de los Decretos Legislativos 276 o el 728 continuarán", subrayó.
La reforma abarca a alrededor de 500 mil servidores públicos en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), pertenecientes a los principales regímenes laborales. "Comprenderá a funcionarios, directivos, servidores de carrera servidores de actividades complementarias y asimismo servidores de confianza", remarcó la PCM.
"Ese es el objetivo de esta ley, poder regular en un universo bastante grande a casi el 40 por ciento del total de servidores estatales", recordó Jiménez cuando se presentó ante la Comisión de Presupuesto en el Congreso para sustentar el proyecto.
Asimismo, señaló que se busca eliminar la discrecionalidad, y que el personal de confianza necesario para las instituciones no pase del cinco por ciento, además de ingresar por méritos y evaluaciones.
"La ley no tienen un sentido negativo para el trabajador, no se está dando para eliminar o despedir trabajadores, lo que se busca con esta ley es considerar al funcionario como un elemento clave en la transformación del país, para dar mejores servicios", dijo.
Cabe precisar que en la iniciativa no están incluidos los trabajadores de las empresas públicas ni los servidores sujetos a las carreras especiales (maestros, policías, Fuerzas Armadas y salud), "debido a que tienen una regulación especial".
Se desprende que la reforma apunta a integrar a los servidores púbicos en un solo régimen del servicio civil. "La reforma facilitará el tránsito progresivo y voluntario a un sistema único", destacó la PCM.
La CGTP ha expresado su rechazo a esta propuesta, al considerar que afecta la estabilidad laboral de más de 500 mil empleados públicos. Mario Huamán, secretario general de dicho gremio, advirtió que se producirán despidos masivos en la administración pública.
"A través de las evaluaciones amenazan con despedir a miles de trabajadores. Recordemos que en los años noventas despidieron a más de 300 mil trabajadores con el tema de la evaluación", expresó en RPP Noticias.
Huamán sostuvo que los principales representantes de su sector harán conocer el caso durante la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se efectuará en Suiza el próximo mes.
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