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Procesos judiciales y elecciones congresales [COLUMNA]

Las elecciones congresales 2020 se realizarán el próximo 26 de enero.
Las elecciones congresales 2020 se realizarán el próximo 26 de enero. | Fuente: Andina

Los partidos no logran plantear propuestas que despierten la adhesión de los electores. Los elegidos tendrán que esforzarse para concretar reformas que organicen nuestro sistema político.

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A menos de un mes de las elecciones congresales, los temas judiciales siguen prevaleciendo sobre los temas políticos. El día de ayer hemos podido conocer el desarrollo de una larga audiencia referida a la situación judicial de Keiko Fujimori y el financiamiento de Fuerza Popular. En espera de que el juez Víctor Zúñiga decida si le corresponde o no prisión preventiva, la Fiscalía anuncia que podrá formular la acusación el próximo mes de febrero, lo que daría lugar a la fase oral del juicio sobre los temas de fondo. Entonces podremos saber si toda la investigación del caso Lava Jato va a culminar con sanciones inapelables, que nos permitan terminar con la impunidad y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Al margen del meritorio desempeño de algunos jueces y fiscales, desdichadamente el poder judicial se halla perturbado por reclamos salariales, basados en una cuestionable atribución de bonos que eleva la remuneración de los supremos a 42 mil soles mensuales. Las objeciones técnicas coinciden con una percepción de exceso, sobre todo cuando se le compara con lo que ganan médicos, educadores, policías y militares.

En estas circunstancias ha resonado la voz de Fernando Tuesta, uno de los mejores conocedores de nuestro sistema electoral. “No habrá reforma política”, se llama un artículo de Tuesta publicado en El Comercio. Quien presidiera la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política advierte que no habrán cambios si las futuras bancadas no adoptan “un acuerdo… para modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones que impide cualquier modificación de las normas electorales un año antes de la elección”.

Para Tuesta resulta urgente que se aclare la eliminación del voto preferencial, la mantención de la cifra repartidora y el restablecimiento del voto de los peruanos establecidos en el extranjero. Menciona también los requisitos para inscribir y cancelar partidos, las elecciones internas, la paridad y alternancia y sobre todo la inmunidad de los congresistas y el financiamiento de los partidos y sus campañas. ¿Serán capaces los 21 partidos actualmente inscritos de sorprendernos y ser útiles ante esos desafíos? Esperemos que el debate que promueve el Jurado Nacional sirva para que los partidos dejen de lado la retorica vacía y belicosa y adopten un compromiso que motive nuestro voto informado.

La vida de las personas y de las naciones está hecha de cambios y de continuidades. A veces incluso en los nombres, como vimos en los casos de Zimbabue (ex Rodesia), Myanmar (ex Birmania) o República Democrática del Congo (ex Zaire). En América Latina hemos tenido recientemente nombres oficiales con adjetivos añadidos, pero quizás sean abolidos cuando desaparezcan los caudillos que los promovieron: República bolivariana de Venezuela o República multinacional de Bolivia.

Ahora tenemos un caso nuevo con el país que solíamos llamar Holanda, que ha lanzado una campaña para consolidar lo que ha sido su nombre oficial, aunque poco utilizado en muchas lenguas: Países Bajos o Tierras Bajas, en referencia al nivel de una parte importante de su territorio en relación al mar. País cuya iconografía está asociada precisamente a diques, molinos, bicicletas, quesos, tulipanes, cuadros de Van Gogh y futbolistas de la “naranja mecánica”, Países Bajos es el país con mayor densidad demográfica en Europa, porque en un territorio comparable al del departamento de Lima viven 17 millones de “terrabajinos”.

En cualquier caso, en el Perú no tenemos problemas de nombre, por lo menos no desde el fin de la Confederación Perú-Boliviana, en 1839. Y esto, pese a que no sepamos de dónde viene el nombre “Perú”.

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