El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gustavo Rondón, dijo que con ello se acabarían "las suspicacias" y se ahorraría tiempo y recursos en la investigación de denuncias.
La presentación de la declaración jurada de bienes antes, durante y después de la gestión de los funcionarios públicos, propuso este domingo el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gustavo Rondón, para combatir la corrupción en el aparato estatal.
“Ese gesto, aparentemente burocrático y sin mucha utilidad, puede devolver la confianza de las autoridades elegidas a la ciudadanía en su conjunto. No olvidemos que la población nos elige y que debemos mantener el más alto grado de credibilidad en ellos”, comentó.
Agregó que ahora solo se presenta la declaración jurada de bienes al inicio de un mandato, pero opinó que esa medida debe ampliarse con la presentación de la declaración al final de la gestión y durante el desarrollo de su trabajo.
Con ello, señaló que se acabarían “las suspicacias” y se ahorraría tiempo y recursos en la investigación de denuncias, como la compra reciente de una casa por 800 mil dólares por parte del expresidente Alan García.
“El caso de García pasará a la Megacomisión porque allí investigan todo lo referido a su gobierno (2006-2011). No queremos duplicar esfuerzos y mucho menos invadir el fuero de una comisión que ya se encuentra en pleno ejercicios de sus facultades”, expresó.
La llamada ‘Megacomisión’, presidida por el congresista Sergio Tejada, investiga las presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Alan García, y tiene pendiente la evacuación de dos informes.
CASO SANTOS
Por otro lado, el congresista Rondón anunció que a finales de marzo estará listo el informe sobre la gestión del presidente regional de Cajamarca, denunciado por presuntas irregularidades en las obras realizadas en su región.
Adelantó que el documento recogerá todas las irregularidades detectadas sobre montos invertidos, los postores participantes, el resultado de los concursos públicos, entre otros.
“Nos preocupa que la inversión de recursos públicos favorezcan a determinados intereses y a ello queremos aportar como ente fiscalizador”, anotó.
ANDINA
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