De exgobernadores a un expresidente, pasando por un congresista: Los prófugos de la justicia peruana

Desde alcaldes hasta un expresidente. En los últimos meses, la ciudadanía ha sido testigo de investigados y condenados por corrupción que han fugado para no cumplir con medidas cautelares o sentencias firmes de prisión.

El ministro del Interior, Carlos Morán, dijo que la Policía Nacional está haciendo todos sus esfuerzos para capturar a estos personajes y que actualmente los fondos de inteligencia son destinados para grupos especiales encargados de buscar a prófugos de la justicia, como el excongresista Edwin Donayre.

En conversación para RPP, Morán afirmó que se va a restructurar el sistema de Recompensas para orientar su trabajo en cuatro blancos en específico: crimen organizado, tráfico de droga, terrorismo y corrupción de funcionarios.

Cuando un procesado fuga, ¿qué ocurre?

La abogada penalista Karin Fernández dijo a RPP Noticias que una investigación penal no se detiene aún si el investigado haya fugado de su domicilio. En caso se llegue al día de lectura de sentencia, ya no es necesario que el procesado deba estar presente. “Desde hace tres años, se puede leer sentencia en ausencia del imputado”, indicó.

Durante la etapa de investigación preparatoria, el investigado puede enfrentarse a un eventual pedido de prisión preventiva -como ha ocurrido en el caso Lava Jato- y ante ello podría decidir fugar.

“Hay colegas que continúan en la defensa, porque consideran que la estrategia de huir es parte de impedir que sea recluido en un establecimiento penitenciario de manera injusta”, dijo Fernández. “El hecho de que se fuge no impide a su abogado seguir ejerciendo su derecho a la defensa”, añadió.

Si bien el investigado está no habido, los abogados mantienen contacto con ellos en el marco de la elaboración de su estrategia de defensa. “La comunicación cliente y abogado es reservada, secreta. El abogado puede saber perfectamente donde está su cliente, en qué zona del país. Esa comunicación está basada en el secreto profesional. Nadie puede perturbar ese secreto”, detalló Fernández.

A propósito de la fuga del desaforado congresista Edwin Donayre, RPP Noticias repasa también otros casos que han tenido gran impacto, debido a la notoriedad de los procesados.

Edwin Donayre

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia condenatoria para el excongresista Edwin Donayre, quien era procesado por el delito de peculado en el caso conocido como el ‘Gasolinazo’.

La Sala Suprema lo encontró culpable del robo de combustible asignado a la 1ª Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur, entre enero y noviembre de 2006.

Al emitirse esta sentencia firme, el Congreso aprobó levantarle la inmunidad. Sin embargo, para ese entonces, el exlegislador ya había decidido entrar en la clandestinidad.  Donayre fue incluido en el programa de Recompensas del Ministerio del Interior y ofrece 100 mil soles por información sobre su paradero.

El ministro Carlos Morán dijo que existen tres equipos de la Policía Nacional tras sus pasos y que según informes de Inteligencia, se sabe que todavía está en Lima.

César Nakasaki dijo a RPP Noticias que a la fecha no continúa patrocinando a Donayre y que solo había sido contratado para la elaboración del recurso de nulidad que presentó a la Corte Suprema, que fue finalmente rechazado.

Alejandro Toledo

Alejandro Toledo es la exautoridad con más alto perfil que se ha negado a cumplir con los requerimientos de la justicia. En diciembre del 2016, se conoció que Odebrecht había pagado sobornos para adjudicarse obras en el gobierno de Alejandro Toledo. El 11 de enero del 2017, Toledo se fue del Perú rumbo a Estados Unidos donde permanece hasta ahora con su esposa Eliane Karp.

La resolución de prisión preventiva del juez Richard Concepción Carhuancho dictada el 9 de febrero sigue sin hacerse efectiva.

En el último interrogatorio a Jorge Barata, este ratificó que pagó 31 millones de dólares de sobornos al expresidente. Según la Fiscalía, el dinero de las cuentas de la ‘offshore’ Ecoteva Consulting provinieron de los pagos de Odebrecht y con ese fondo se adquirió inmuebles en Las Casuarinas.

Toledo Manrique se encuentra en el estado de California a la espera de que se resuelva su proceso de extradición. El Gobierno ya encargó al estudio de abogado Foley Hoag LLP en Estados Unidos que encargue de la defensa de los intereses del Estado peruano para la extradición del exmandatario.

Félix Moreno

El exgobernador del Callao ya acumula dos sentencias condenatorias y una orden de prisión preventiva. No se sabe nada de él desde enero de este año. El 17 de enero, el Primer Juzgado Unipersonal Penal del Callao dictó 5 años de prisión efectiva contra el exgobernador por el caso de tráfico de tierras del antes denominado Fundo Oquendo. Por este caso, se le procesa por el delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

El 31 de enero, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción declaró fundado el pedido de variación de comparecencia por 18 meses de prisión preventiva. Ello en el marco del caso Lava Jato. Al exgobernador se le acusa de haber beneficiado a Odebrecht para que se adjudique la obra de la Costa Verde del Callao, a cambio de una coima de 4 millones de dólares.

El 22 de febrero el exgobernador sumó otra condena. Esta vez, la Corte Superior del Callao lo encontró culpable del delito de colusión en la construcción de la nueva sede de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) en el 2009.

El 4 de mayo, el programa de Recompensas incrementó en más de siete veces la recompensa para Moreno. Ahora se ofrece un monto de S/150,000 por información sobre su paradero.

Consultado si Félix Moreno se entregará a las autoridades, su abogado Roy Gates dijo a RPP que “es una decisión que él tiene que tomar”.

El ministro Morán afirmó que conocen que el exgobernador no ha abandonado el país y que se encuentra escondido en Lima.

Carlos Burgos Horna

El exalcalde de San Juan de Lurigancho fue sentenciado con 16 años de cárcel por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en agosto del 2017. Burgos permanece como no habido.

La decisión judicial determinó que Burgos tuvo un desbalance patrimonial de más de 8 millones de soles entre 2007 y 2013. Tras su sentencia en marzo el Poder Judicial también dispuso que se le embargaran dos inmuebles, dos vehículos y 28,000 acciones de la empresa Boga SAC.

Burgos también fue incluido en el programa de Recompensas y por él se ofrecen 30 mil soles a cambio de información sobre su paradero.

Kléver Meléndez Gamarra

El Estado ofrece 50 mil soles de recompensa por la ubicación del exgobernador regional de Pasco. Meléndez Gamarra fue condenado a quince años de cárcel por los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro ha declarado que el exgobernador ya fue condenado en dos instancias. Meléndez Gamarra está prófugo desde agosto del 2017.

Mariella Huerta Minaya y Santiago Chau

Ambos fueron miembros del comité de licitación de la Línea 1 del Metro de Lima que a cambio de pagos ilícitos entregaron la obra a favor de Odebrecht, según la Fiscalía.

Sobre Mariella Huerta se sabe que está en Estados Unidos y se le ha iniciado un proceso de extradición. Al igual que Toledo, el estudio Foley Hoag LLP se hace cargo del proceso de extradición.

En el caso de Santiago Chau Novoa, la Fiscalía lo investiga luego de encontrar una cuenta offshore a su nombre, Ultone Finance Limited. Allí Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a US$500,000 por concepto de pagos ilícitos, según la tesis fiscal. Santiago Chau Novoa tiene una orden de prisión preventiva dictada en diciembre de 2017. Su paradero es aún desconocido.

Y los empresarios también: Gustavo Salazar y Gonzalo Monteverde

Gustavo Salazar se encuentra prófugo en Estados Unidos y es investigado por presunta facilitación de sus cuentas bancarias para recibir sobornos de Odebrecht, destinados al ex gobernador de Cusco, Jorge Acurio Tito

Según la Fiscalía, Acurio Tito acudió a Gustavo Fernando Salazar Delgado, quien le facilitó la cuenta de su empresa offshore Wircel en la que se depositaron los pagos del soborno de 3 millones de dólares solicitado a Odebrecht por la obra Vía Evitamiento Cusco.

El estudio de abogado Foley Hoag LLP se encarga de la defensa de los intereses del Estado peruano para su extradición al Perú.

El empresario Gonzalo Monteverde está no habido desde marzo de este año. El 17 de ese mes, el Juzgado de la Corte Especializada en Delitos de Crimen Organizado dictó 36 meses de prisión preventiva contra él.

La Fiscalía lo acusa de recibir 29 millones de dólares en su empresa Constructora Área SAC. En el 2008, dicha empresa recibió en sus cuentas bancarias dinero de las firmas Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Services LTD, ambas era empresas offshore de Odebrecht dedicadas al pago de sobornos en Latinoamérica, según la investigación fiscal. La Policía allanó su vivienda, pero no lo encontró.