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por Redacción RPP
·Esta iniciativa, duramente cuestionada por gremios empresariales, contó con el apoyo de los parlamentarios de Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Honor y Democracia y Avanza País.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que propone modificar el Código Penal, la ley contra el crimen organizado y la ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares.
Esta iniciativa, duramente cuestionada por gremios empresariales y organizaciones sociales, obtuvo 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, con el apoyo de los parlamentarios de Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Honor y Democracia y Avanza País.
Uno de los puntos más objetados del proyecto de ley, que fue sustentado por el legislador Américo Gonza Castillo, es el que establece que los allanamientos de inmuebles deben ejecutarse con la presencia de la persona investigada y su abogado.
"El Congreso dedicado a hacerle daño al país, legislando a favor del crimen y los delincuentes", escribió Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, en su cuenta en la red social X.
A fines de mayo, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, dijo que había acudido a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para sustentar la posición del Ministerio Público contra esta propuesta. "Esta norma nos ata de mano contra los narcotraficantes", advirtió.
Gremios cuestionaron la norma
Con esta iniciativa, se considera como organización criminal "a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí, para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, con el fin de obtener, directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico".
Al respecto, en un comunicado del pasado 14 de junio, Adex, Agap, CCL, Capeco, Confiep, SNI, y FTCCP tildaron de "grave" que "se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen la cadena de valor de un mercado o economía ilegal, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población".
"Cuestionamos la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción", añadieron.
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