Edwin Donayre: Las reacciones desde el Congreso tras su condena a cinco años de prisión efectiva

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia condenatoria para el congresista Edwin Donayre, quien era procesado por el robo de combustible. La medida se dio luego de que su abogado presentara un recurso de absolución o una reducción de la pena impuesta a cuatro años de privación de libertad al argumentar que el parlamentario “no tenía como competencia administrar el combustible”.

En la sentencia se detalla que los hechos encausados contra Donayre son la "apropiación de combustible extraordinario asignado a la Región Militar Sur", la suscripción de nueve oficios para justificar “un trámite inexistente de solicitud de combustible extraordinario destinado a la Región Militar Sur”. Además, se le atribuye la creación de “actas de entrega y recepción para ocultar la apropiación del combustible. Igualmente, creó la Comisión de Incineración”.

Desde agosto del 2018, cuando la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia para el parlamentario, se generó un enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Judicial debido a que la Corte Suprema insistía que el Congreso autorice su levantamiento de inmunidad para hacer efectiva la condena. Mientras que desde el Parlamento señalaba que era necesaria una "sentencia firme". 

Edmundo del Águila

Tras conocer esta nueva medida el congresista, miembro de la comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, anunció que este grupo de trabajo sesionará este martes a las 4 de la tarde sobre el caso del legislador Edwin Donayre. 

Para el legislador de Acción Popular, lo que corresponde en este caso es que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial solicite nuevamente este pedido contra Donayre para que desde el Congreso se pueda iniciar el trámite, pese a reconocer que este pedido ya fue hecho anteriormente.

"A veces en estos casos pecar en exceso es favorable si le queremos dar celeridad a este tema", señaló el legislador tras precisar que el pedido que anteriormente presentó el Poder Judicial ante el Congreso se dio cuando la sentencia estaba en primera instancia.

Jorge Meléndez

En tanto, el vocero de la bancada Peruanos por el Kambio, lamentó la situación de Edwin Donayre y consideró que los pocos casos en los que se ha logrado levantar la inmunidad de congresistas sentenciados demuestra la necesidad de que sea la Corte Suprema y no el Parlamento quien se encargue de esto, tal como propone el Ejecutivo.

"Esto confirma la necesidad de levantar inmediatamente la inmunidad del congresista Donayre porque sería una buena señal desde el Congreso que sigamos la línea emprendida por el Gobierno de lucha contra la corrupción. No lo estamos sentenciado, solo lo estamos liberando para que responda como cualquier ciudadano ante esta sentencia", señaló.

Por su parte, Milagros Salazar, de Fuerza Popular reconoció que esta situación puede afectar la imagen del Parlamento, aunque destacó el respeto el debido proceso. Asimismo, calificó de "bajo" que se haya denunciado un presunto blindaje de parte de su partido.

"Respetamos los fallos judiciales. Es un colega parlamentario, lamentamos esta situación pero la justicia tiene que ser igual para todos y si ellos han decidido que hay elementos para la conclusión que han tenido, nosotros respetamos el fallo", dijo.

Antecedente

En agosto del 2018, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia para el parlamentario de Alianza Para el Progreso. Desde ese entonces, se produjo una fricción entre el Congreso y el Poder Judicial sobre su caso. La Corte Suprema insistía que el Congreso autorice su levantamiento de inmunidad para hacer efectiva la condena. Mientras que desde el Parlamento señalaba que era necesaria una "sentencia firme". 

A Donayre se le atribuye ser autor de delito de peculado en el robo de combustible asignado a la 1ª Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur, entre enero y noviembre de 2006,.

Según la acusación fiscal, Donayre, quien fue general del Ejército, y otros 40 implicados habrían gestionado, solicitado y recibido, entre enero y noviembre del 2006, petróleo y gasolina de 84 octanos por pedidos extraordinarios de combustible, para beneficiarse económicamente. El combustible, según la Fiscalía, habría sido desviado a grifos particulares.