El disuelto Congreso peruano intentó afectar la libertad de expresión, según la SIP

El disuelto Congreso de Perú intentó afectar la libertad de expresión, a través de proyectos de ley para restringir la publicidad estatal e incrementar las penas para casos de difamación, entre otros temas, según denunció un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En el marco de la LXXV Asamblea General de la SIP, que se celebró en la ciudad de Miami, se difundió un informe redactado antes de la disolución del Congreso, decretada el pasado 30 de septiembre por el presidente Martín Vizcarra, pero que reveló las agresiones denunciadas por el gremio periodístico continental.

Según la SIP, "las querellas por difamación fueron una herramienta utilizada para acallar a ciudadanos, medios y periodistas, por parte de personas involucradas en casos de corrupción o abusos de poder".  Precisamente, la mayoría en el disuelto Parlamento estaba en manos del partido Fuerza Popular, de la excandidata Keiko Fujimori, quien hoy cumple prisión preventiva mientras es investigada por lavado de activos por presuntos aportes a su campaña de la constructora brasileña Odebrecht. Sus aliados eran el partido Aprista, del exmandatario Alan García, que se suicidó en abril pasado cuando iba a ser detenido por presuntos aportes ilegales de Odebrecht en su segundo gobierno (2006-2011).

Un proyecto de ley del disuelto Congreso proponía ampliar la pena de cárcel por difamación de un máximo actual de tres años a un rango de entre cuatro y siete años, indicó el informe de la SIP. De aprobarse, la difamación hubiese sido penada con cárcel en todos los casos y también podría aplicarse a casos de difamación en redes sociales, lo que es reiterativo, pues el Código Penal ya establece que la difamación se aplica a medios de comunicación, lo que incluye a redes sociales. "La iniciativa ha establecido erróneamente que solo normará sobre difamación en redes sociales, cuando también afectará a los medios", agregó el documento.

La prensa local reveló que la bancada de Fuerza Popular en el disuelto Congreso coordinaba una serie de ataques a sus opositores, a través de conversaciones online, las cuales se materializaban en las redes sociales. En paralelo, el Legislativo presentó un proyecto de ley que propone despenalizar los delitos contra el honor, incluso los que se cometerían mediante parodias, sátiras y opinión.

La agenda legislativa 'anti-prensa' se fortaleció en respuesta a las labores de investigación periodística sobre casos de corrupción de Lava Jato y Lava Juez, la red de corrupción en los tribunales de Perú, que "han derivado en investigaciones fiscales e incluso cárcel para varios prominentes políticos y jueces", afirmó la SIP. Por otro lado, la propuesta de ley de publicidad estatal sigue encaminada y en un nuevo dictamen se establecen condiciones para que la contratación de publicidad estatal responda a necesidades concretas y se dirija a medios según su alcance y público objetivo. Sin embargo, persisten las dudas sobre la obligatoriedad de los medios de tener una autorización con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Casos contra periodistas

Entre los casos de amedrentamiento registrados contra periodistas y medios, el informe reportó la condena contra el periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y a pagar 25.000 dólares de reparación civil al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, por difamación agravada debido a unas afirmaciones hechas por el periodista en un artículo y una entrevista de 2018. Posteriormente, Eguren desistió de la querella contra Salinas.

El periodista y su colega Paola Ugaz han publicado en 2015 el libro Mitad monjes, mitad soldados, en el que investigaron abusos sexuales en el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, al que Eguren pertenece, aunque el arzobispo ha señalado que este libro no forma parte de la querella.

De otro lado, el Poder Judicial admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez contra los periodistas Oscar Castilla (Ojo-Público.com) y Edmundo Cruz (La República) y dispuso el embargo preventivo de los bienes de ambos medios. Los periodistas han investigado una supuesta relación de Arévalo con el narcotráfico, utilizando fuentes contrastadas, entre ellas la del Departamento para la lucha contra las drogas de Estados Unidos (DEA).EFE