Gobernanza en el Estado y la empresa privada [COLUMNA]

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Hoy culmina la ronda de diálogos del Poder Ejecutivo con los partidos que tienen representación parlamentaria. Ahora sabemos que de los nueve partidos uno, UPP, se negó primero a participar de una manera franca y luego con pretextos jurídicos. También FREPAP utilizó el mismo argumento, el de esperar la proclamación oficial, solo que se tomó varios días para adoptar esa decisión. A estas alturas, para nadie es un secreto que el partido del pescadito ha dado muestras de problemas de liderazgo y unidad interna: tras su discurso religioso inspirado en las Bienaventuranzas, miembros y dirigentes se hallan enfrentados en torno al poder y al control de los caudales. Hoy sabremos cuál es la agenda del partido más votado, Acción Popular, que anuncia asistir a la cita con sus virtuales 25 congresistas y su presidente en ejercicio, Mesías Guevara. Por el momento, algunos voceros oficiosos, como Luis Rosel Alva, han hecho saber que Acción Popular podría forjar acuerdos con la mayoría de las bancadas, con la excepción de UPP y Fuerza Popular. Después de la reunión prevista hoy, el presidente Vizcarra tendrá una idea más clara de las propuestas que pueden conseguir respaldo mayoritario y así garantizar que el próximo Congreso aporte soluciones reales a los desafíos que enfrenta: legislar sobre reformas, fiscalizar a un gobierno acostumbrado a Decretos de Urgencia y representar a una población tentada por el descontento y la desconfianza.

Finalmente, más de diez días después de la tragedia de Villa El Salvador, presentó su renuncia el presidente del organismo supervisor de la inversión privada en energía y minería, OSINERGMIN. Daniel Schmerler no asume responsabilidad ante las deficiencias de la supervisión ni da explicaciones sobre las graves negligencias que han causado la muerte de 23 personas. ¿Por qué se ha venido permitiendo que casi la mitad del gas sea distribuido por empresas informales? ¿Por qué no se ha coordinado con la Policía y las municipalidades para prohibir la circulación de camiones cisterna en pésimo estado y sin respetar condiciones básicas de seguridad? Los organismos de supervisión fueron creados precisamente para regular el mercado, en momentos en que se privatizaron los servicios públicos, se flexibilizaron las condiciones de inversión y se amplió exponencialmente el consumo. Sabemos muy bien que necesitamos reformas institucionales para que la economía de mercado funcione y que las ganancias no se consigan sobre la base de poner en riesgo la vida de inocentes.

El Estado necesita reformas y buena gobernanza, pero también las empresas. Es el mensaje que pretende establecer la empresa que durante varias generaciones se llamó Graña y Montero y que era una referencia en materia de ingeniería y construcción. Hoy sabemos que la empresa formó parte de un sistema de corrupción que no comenzó con Odebrecht, pero que llegó a su mayor expresión y sus ingresos más abundantes a la sombra del gigante brasileño. Su actual presidente, Augusto Baertl, ha hecho saber que el cambio de nombre y de logo no es sino la expresión de un conjunto de cambios de fondo, que se han materializado en su colaboración con las investigaciones judiciales, pero también en claúsulas anticorrupción y protocolos de cumplimiento (compliance). Baertl sostiene que las responsabidades penales conciernen a ejecutivos que han sido separados de la empresa, como cerca de 60% de su plana mayor.

Venezuela puede servirnos como espejo agrandador de los extremos a los que puede llevar la corrupción empresarial y la arbitrariedad del Estado: la perdida de dos teceras partes del producto bruto interno de uno de los paíse potencialmente más ricos de nuestra región. No soprende por eso que el régimen usurpador de Nicolás Maduro haya prohibido el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La exigencia de libertad y Ética es una sola: la de las personas, la de las empresas y la de los dirigentes políticos.

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