Fuerza Popular rechaza renuncia de María Cordero Jon Tay y continúan proceso de expulsión

El partido político Fuerza Popular, informó que no aceptaron la renuncia formulada por la congresista de la bancada fujimorista, María Cordero Jon Tay, y que han decidido continuar con el proceso de su expulsión de la agrupación política.

“El proceso de expulsión antes mencionado seguirá su curso conforme lo establece nuestro Estatuto Partidario y sentará un precedente para toda la militancia fujimorista”, finaliza el comunicado de Fuerza Popular.

La agrupación política argumentó la decisión luego que la secretaría técnica de Fuerza Popular evalué la carta de renuncia de María Cordero Jon Tay, quien es investigada por el Ministerio Público tras presunto recorte de sueldo a su extrabajador de su despacho congresal.

Presentan denuncia contra Jon Tay

Como se recuerda, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), presentó una denuncia constitucional contra su colega de la bancada fujimorista, María Cordero Jon Tay, acusada de recortar el sueldo de su extrabajador.

En la denuncia constitucional, Moyano planteó que Cordero Jon Tay sea alejada permanentemente de la función pública, a través de la inhabilitación permanente.

Sin embargo, precisó que la Carta Magna establece como máxima sanción del juicio político el plazo de diez años de inhabilitación.

“Por todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 100 de la Constitución, corresponde que se imponga a la denunciada, por la vía del señalado juicio político, la sanción máxima que el ordenamiento permite para la infracción constitucional, consistente en la destitución del cargo de congresista y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años”, se lee.

El caso

En un reportaje periodístico, difundido por Punto Final, un extrabajador del despacho de la parlamentaria María Cordero Jon Tay reveló que tenía un acuerdo para entregar la mitad de sus ingresos durante seis meses, luego de lo cual ya no se aplicaría el recorte.

Sin embargo, culminado el plazo, le exigieron que entregue el 75 % de su salario mensual.

Además, contó que, durante la semana de representación, los trabajadores cubrían los gastos de hospedaje y alimentación de la parlamentaria.