La Procuraduría General del Estado pidió al Parlamento no aprobar los proyectos de ley que disponen que los procuradores del Legislativo y del Poder Judicial sean elegidos por los titulares de sus respectivas entidades.
La Procuraduría General del Estado (PGE) emitió hoy, jueves, un comunicado manifestando su "absoluta oposición" a dos proyectos de ley del Congreso que estipulan que los titulares del Poder Legislativo y Judicial elijan a sus propios procuradores por un plazo de 5 años.
Se trata de los proyectos N° 3651/2022-CR y N° 3270/2022-CR - debatidos previamente en las comisiones parlamentarias de Constitución y Justicia - que se encuentran agendados para ser vistos en la sesión plenaria del día de hoy.
"Vulnera la autonomía de la PGE"
La PGE señaló que, el pasado 28 de diciembre, emitió dos oficios a los presidentes de las referidas comisiones solicitando que se "tenga en consideración la opinión técnica legal realizada" por la propia Procuraduría respecto a dichos dictámenes.
"Las mencionadas propuestas legislativas, al proponer que el/la procurador/a público/a del Congreso de la República y de otras instituciones del Estado, sean elegidos/as directamente por sus titulares, sin ningún proceso y/o concurso público de por medio, quiebra nocivamente el principio de acceso meritocrático al cargo de procurador/a público/a que consagra el numeral 11 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1326", refirió la entidad.
En ese sentido, la Procuraduría indicó que las propuestas "afectan gravemente el principio de igualdad (...) en concordancia con el derecho al acceso a las funciones públicas".
"De aprobarse los citados proyectos de ley, tendríamos procuradores/as públicos/as seleccionados/as por concurso público de méritos y otros seleccionados directamente por los titulares de las respectivas entidades del Estado", indica el comunicado.
Además, la entidad autónoma manifestó que los proyectos "quiebran la unidad del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, al proponer que la procuraduría pública del Congreso de la República y de otras instituciones del Estado, se encuentren excluidas de la dependencia funcional de la PGE".
"En tal sentido (...), exhortamos respetuosamente al Congreso de la República a no aprobar el texto sustitutorio de los proyectos de ley (...) pues ello constituiría una ruptura del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, además de colisionar gravemente con el principio de acceso meritocrático al cargo", remarcó la PGE.
¿Qué dicen los proyectos de ley N° 3651 y 3270?
El Proyecto de Ley N° 3651, cuya autora es la parlamentaria Martha Moyano, y el Proyecto de Ley N° 3270, cuyo autor es el congresista Esdras Medina, establecen varias modificaciones al decreto legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.
En ambas iniciativas legislativas se establecen cambios a nivel de las funciones del Consejo Directivo de la Procuraduría, "el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico" de dicha entidad.
"Son funciones del Consejo Directivo: dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores públicos, con excepción de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, quienes son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años", señalan los proyectos.
Además, las iniciativas legislativas señalan que las procuradurías de las entidades públicas se encuentran vinculadas "administrativa y funcionalmente" a la PGE, excepto las que corresponden al Legislativo y Judicial "así como de las de los organismos constitucionales autónomos, que mantienen autonomía administrativa y funcional para dirigir sus respectivos procesos de selección respecto de la Procuraduría General del Estado".
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