Selección de candidatos al Tribunal Constitucional: las entrevistas bajo el análisis de los expertos

El Congreso se alista para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional tras una rápida reactivación de la Comisión Especial encargada para ese propósito. Esta semana, los congresistas miembros de la comisión entrevistaron a los 17 candidatos en un proceso que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil. En este informe, recogemos el análisis de expertos constitucionalistas que coinciden en señalar que los actuales parlamentarios tienen muy poca legitimidad para seleccionar a los nuevos tribunos.

Los congresistas pidieron a los candidatos sus opiniones respecto a temas como la eutanasia y el aborto. A evaluación de la constitucionalista Úrsula Indacochea, estos temas “no tienen correlación con ninguno de los elementos del perfil que se quiera evaluar”. Asimismo, consideró que este tipo de preguntas “revelan sesgos ideológicos, incluso de carácter religioso”.

“Son preguntas que relevan que están buscando un perfil de magistrado que es totalmente distinto al establecido en las reglas del proceso. Las reglas del proceso nos dibujan a una persona ideal y las preguntas no tiene relación con la búsqueda de esa persona ideal”, consideró la abogada.

De la misma opinión es la posición del exmagistrado del Tribunal Constitucional Víctor García Toma. “Esas preguntas plantean digamos algunas consideraciones de orden ideológico o axiológico que no pueden servir para medir si una persona es idónea o no para ejercer algo”, dijo.

“No es el tipo de preguntas que ayude escoger de manera correcta. Me parece que son preguntas con respuestas muy subjetivas que no pueden ser evaluadas”, añadió.

Para el constitucionalista Franco García, sin embargo, preguntas con respecto al aborto son prudentes, debido a que “uno de los principales reconocidos en la Constitución es la vida. Y dentro de la vida se reconoce, en el Código Civil y en la Constitución, que es desde la concepción”.

Disolución del Parlamento

Otra de las preguntas consistentes en estos días de entrevista ha sido pedir a los candidatos su opinión con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró constitucional el cierre del Congreso.

Para Indacochea, si bien preguntar sobre jurisprudencia del TC no está mal, estas sí deberían estar orientadas “a evaluar la forma en que los candidatos puedan argumentar sus puntos de vista”.

“Si se trata de saber si esas personas estarían dispuestas a modificar esa jurisprudencia, ahí tenemos problema. Ahí tenemos un condicionamiento del apoyo político a la candidatura a cambio de determinada postura. Eso es preocupante, porque el objetivo de todo proceso de selección debe ser elegir a personas independientes, capacitadas imparciales y con integridad”, dijo.

García Toma también hace hincapié a que esta consulta podría tener como fin descartar candidatos en lugar de valorar la calidad académica de un profesional. “Si contesto a favor de la medida, un sector del Parlamento, evidentemente, va a descartarme como magistrado. Si contesto de otra forma, igual. No son preguntas que permitan a los parlamentarios valorar la calidad intelectual y académica de un profesional”, manifestó.

Franco García señaló que al ser el Congreso la única institución encargada de escoger a los miembros del TC, “su imparcialidad siempre va a estar en el ojo de la tormenta”. “A los congresistas les conviene que las opiniones respecto a la disolución del Congreso sean contrarias y que las opiniones a favor de vacancia sean asertivas. Debería importar la respuesta sesuda de los postulantes”, dijo.

¿Debe continuar el proceso?

Organizaciones de la sociedad civil han emitido pronunciamientos para pedir que el proceso de elección se suspenda, teniendo en cuenta que en solo unas semanas el nuevo Parlamento entrará en funciones. Los constitucionalistas consultados en este informe concuerdan en señalar que este Congreso tiene una legitimidad nula o declinante.

Para Indacochea, hay cuatro elementos por los cuales considera que “este proceso está viciado desde su origen”: 1) aportes de sociedad civil e instituciones como Servir y la Junta Nacional de Justicia que fueron rechazados, 2) exclusión de candidaturas sin explicación, 3) poca transparencia y 4) actuar del Congreso por la vacancia presidencial.

“Si se le suma la coyuntura poselectoral, en la que la comisión ha acelerado después de segunda vuelta, claramente existe una intención de elegir magistrados que resolverían los procesos iniciados por una fuerza política para desconocer decisiones electorales. Claramente hay incentivos fuertísimos claros de que esta elección se lleve a cabo por motivos políticos y no por motivos de capacidad como debiera hacer. El mismo Congreso ha destruido cualquier viso de legitimidad en una elección como esta”, indicó.

A evaluación del exmagistrado García Toma, este Congreso tiene una legitimidad declinante. “El Parlamento puede legislar, controlar y nombrar hasta el 26 de julio. ¿Debería hacerlo? Me parece que siendo ya un Parlamento con legitimidad declinante y habiendo el pueblo nombrado a un nuevo parlamentario, debería corresponderle esa tarea a ese nuevo Parlamento que tiene una legitimidad más rebosante, más plena. Digamos ya por el tiempo empieza a ganar la precipitación”, consideró.

Para Franco García, las prerrogativas de este Congreso están disminuidas. “Dentro de un aspecto constitucional, de una interpretación conjunta, han debido dejarlo al otro Congreso, porque la actual voluntad del pueblo peruano se ha expresado en urnas. Se han acreditado a futuro congresistas. La voluntad actual de los congresistas que actualmente hacen funciones ha sido modificada por el pueblo”, dijo.

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