Sunedu: ¿Qué propuso la Comisión de Educación sobre el organismo y por qué desató tanta polémica?

Este último viernes, la Comisión de Educación del Congreso tuvo en agenda el debate de un predictamen de proyecto de ley que impactaría sobre las universidades del país. Se trataba de una propuesta para modificar en gran parte una iniciativa del Ejecutivo y añadir la creación de un órgano de última instancia que revisara las resoluciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El documento, según denunció la congresista Zenaida Solís por su cuenta de Twitter, fue remitido por la secretaría técnica a los integrantes de la comisión pasadas las 11 p.m. del jueves. Ya en la mañana, y tras unas horas de abierta la sesión virtual, el presidente del grupo congresal, Reymundo Dioses, autorizó que la discusión se postergue para el próximo lunes.

El primer funcionario en pronunciarse sobre el asunto fue el ministro de Educación Martín Benavides. En Ampliación de Noticias, de RPP, el titular del sector calificó de “atropello” la intención de la propuesta. Alertó que, de pasar por el Pleno y aprobarse como ley, se permitiría que las universidades denegadas por Sunedu sigan funcionando, en perjuicio de los estudiantes.

Horas después, el presidente Martín Vizcarra hizo lo propio en señal abierta: "No podemos [permitir que], aprovechando las circunstancias -con lo que se ha avanzado en mejorar la educación universitaria con la Ley de Reforma Universitaria- entre gallos y medianoche, de madrugada, se aprueben dictámenes para tratar de revertir esta situación", declaró.

Este sábado, tras la ola de críticas, el presidente de la Comisión de Educación anunció que se ha retirado el planteamiento de crear el organismo superior a la Sunedu.

Como se recuerda, la Sunedu fue introducida en el Estado en julio de 2014, con la promulgación de la Ley Nº 30220 (Ley Universitaria). Para 2015, adquirió sus facultades como máximo decisor sobre el licenciamiento de las universidades -públicas o privadas- del país para que estas puedan funcionar. También se encarga de evaluar continuamente si las universidades cumplen o no con estándares mínimos de calidad.

Hasta la fecha, la institución ha autorizado el funcionamiento de 93 universidades y denegado la licencia a 45. Además, tiene pendiente decidir sobre otras siete universidades que también han requerido el licenciamiento. Las universidades que no alcanzan dicha autorización tienen un plazo de dos años -que puede prorrogarse a tres años más mediante solicitud- para cesar definitivamente sus actividades. Como lo dispone su regulación, las resoluciones finales de la Sunedu son inapelables.

Un proyecto que se desnaturalizó casi completamente

Vamos por partes: el 7 de mayo pasado, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, tramitó ante el Congreso el Proyecto de Ley Nº 5145/2020-PE. Este busca establecer que no se puedan crear universidades nuevas ni autorizar su funcionamiento hasta el 26 de abril de 2021. Ello incluye a las universidades cuyo licenciamiento haya sido rechazado por la Sunedu. Por otro lado, incentiva a las universidades licenciadas a crear filiales.

De acuerdo con la exposición de motivos, aquella moratoria permitiría a la Sunedu enfocar su seguimiento sobre las universidades ya acreditadas. Esto, porque señala como alta la probabilidad de una contracción en la oferta y la demanda educativa debido a los impactos de la COVID-19. Además, sostiene que la adaptación de clases no presenciales funciona con sistemas ya consolidados, a diferencia de los que tendrían universidades nuevas, sobre las que habría que orientar trabajo de fiscalización, además de recursos para evaluar su licenciamiento.

Ahora, la polémica: Como todo proyecto de ley, su revisión depende de una o más comisiones del Congreso y también es posible que los congresistas de esas comisiones modifiquen partes de la propuesta antes de elevarla al Pleno. En este caso, el proyecto está en manos de la Comisión de Educación como revisora principal.

La noche del 11 de junio, la secretaría técnica de esta comisión preparó un predictamen que incluía varios ítems sorpresivos: Primero, recortar a solo 120 días la moratoria para la creación o autorización de universidades nuevas. Segundo, crear un “Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (CONAU)”, que revisaría y se pronunciaría en segunda instancia sobre las decisiones de la Sunedu. Tercero, retirar la exigencia de que las universidades con licenciamiento denegado entren en un proceso de cese de actividades.

Cuarto, disponer que las universidades privadas con licenciamiento denegado se beneficien de los planes de emergencia que el Estado destina para salvar a las universidades públicas denegadas. Es decir, obliga al Ministerio de Educación a destinar recursos y esfuerzos para corregir las falencias de todas las universidades privadas rechazadas y que, así, alcancen el nivel requerido por la Sunedu. Quinto, impedir o extender una moratoria para la creación de filiales por un espacio de tres años.

Lo que piensan la Sunedu y los representantes de universidades licenciadas

Para este artículo, nos contactamos con Oswaldo Zegarra Rojas, actual superintendente de la Sunedu. El funcionario expresó que el predictamen contraviene los propósitos por los que opera la entidad. Además, criticó que se le pretenda delegar al Estado la responsabilidad directa de mejorar la calidad de las universidades privadas.

 “Esta propuesta de dictamen establecería que las instituciones denegadas continúen indefinidamente sus acciones, manteniendo sus condiciones de calidad, que son cada vez más deprimentes. También le daría la obligación al Estado de ser el organismo responsable de la mejora de la calidad de estas instituciones privadas denegadas, incluso a través de subvenciones o aportes de dinero del contribuyente. Universidades privadas que, si quisieran regresar al sistema, lo deberían hacer a través de sus promotores o dueños, pero no a través del Estado”, dijo Zegarra.

Como mencionamos anteriormente, el predictamen propone crear la "CONAU", un órgano que funcionaría como una última instancia para las decisiones que tome la Sunedu. En una analogía, podríamos decir que se pretende crear un tribunal supremo para que las universidades puedan impugnar o apelar las resoluciones que la entidad emita sobre ellas.

Esta "CONAU" tendría seis integrantes: un funcionario que represente al Ministerio de Educación, un rector en representación de las universidades públicas, otro de las universidades privadas, un juez supremo que represente al Poder Judicial, el defensor del Pueblo y un representante de la propia Comisión de Educación del Congreso.

Para Zegarra, la sola sugerencia de crear la CONAU atenta contra la autonomía de la Sunedu y, además, a través de su conformación, politizaría todos los asuntos. “Aniquila la autonomía técnica de la Sunedu y pone a revisión todas sus decisiones bajo un organismo que tiene un conformación básicamente política y no de carácter técnico, lo cual, de alguna manera, tergiversa toda la reforma de la educación superior universitaria”.

Sobre el predictamen, también recogimos las impresiones de dos rectores. En el programa La Rotativa del Aire - Edición Tarde, de RPP, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Jorge Elías Alva Hurtado, describió como “disparate” la propuesta y señaló que atenta contra la reforma universitaria y la Sunedu.

“Quieren poner un ente superior e inclusive a un miembro del Congreso [como integrante] y que las propias universidades a las que se les va a regular sean también miembros de este ente ‘supra-Sunedu’. Es un disparate desde mi punto de vista y las universidades públicas vamos a pronunciarnos en contra”.

El rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Rafael Fernández Hart, dijo para este texto que el predictamen no atiende a ninguna necesidad ni al bien común. “Con la Sunedu, tenemos ya una instancia que cumple un rol y, honestamente, lo cumple bastante bien. Todas las universidades hemos, en un momento, sufrido con la Sunedu porque es exigente, porque nos obliga a cumplir ciertas pautas y ciertas normas, pero al mismo tiempo la Sunedu nos ha ayudado a crear y a respetar las condiciones básicas de calidad, que son fundamentales”.

Fernández Hart rescata que la Sunedu haya logrado vínculos de eficiencia con otras entidades como la Sunarp y la Sunat e indica que, aunque la institución “no es perfecta”, su consolidación ha permitido que las universidades se ajusten a una valla de calidad que antes no existía.