En el 2015, el Congreso aprobó una norma de reforma constitucional para prohibir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Tres años después, analistas responden si esta medida ha sido efectiva.
La reforma de la Constitución como mecanismo para enfrentar la corrupción no es un argumento que se plantee por primera vez en nuestro país. En marzo del año 2015, el Congreso de la República modificó la constitución para prohibir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores con ese fin.
El Parlamento respondía de esa manera a las escandalosas denuncias de corrupción en los gobiernos regionales de Áncash, Tumbes, Cerro de Pasco, entre otros. En ese entonces, se dijo que los gobiernos de turno que se perpetuaban en el poder eran más propensos a la corrupción.
A tres años de la aprobación de la norma, ¿esa medida ha funcionado para acabar con la corrupción?
“La no reelección de alcaldes y gobernadores no sirve para combatir la reelección. Nada garantiza que los nuevos sean honestos. Lo que, si serán son inexpertos y pasaron muchos meses aprendiendo cómo funciona el gobierno local y regional”, dijo Fernando Rospigliosi.
Indició que la corrupción ha proliferado en el país debido a que los sistemas de control no han funcionado adecuadamente. “Ni la Contraloría, ni el sistema judicial cumplen su función de vigilar investigar y sancionar la corrupción”, señaló.
Rospigliosi cree que la ley debe cambiarse y permitir la reelección hasta en tres oportunidades. “De esa manera, los ciudadanos podrían beneficiarse con la permanencia de un buen alcalde o gobernador y a la vez se evitaría que algún político se atornille en el cargo por demasiado tiempo”, dijo.
Por su parte, el analista José Carlos Requena dijo que lo que se ha demostrado es que muchos candidatos “le han sacado la vuelta” a la norma a través de “la candidatura de algunas personas cercanas a estos o vía su postulación en otras circunscripciones”, manifestó.
Además, sostuvo que el Congreso y Ejecutivo analicen la manera de cómo se está delegando el poder a lo largo del país con la creación de distritos. “En Lima son 43 distrito lo que implica manejo de recursos con muy poca fiscalización”, dijo.
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