Debemos adecuar nuestra Constitución a los retos del Perú actual, por César Acuña

No es necesario una nueva Asamblea Constituyente para corregir los errores que contiene la Constitución de 1993, ya que ella misma incluye los mecanismos para su modificación por el Congreso de la República que, dicho sea de paso, va a elegirse el próximo 11 de abril.

No podemos decir que toda la Constitución es inadecuada. La prueba es que lleva ya casi 30 años y ha prevalecido con gobiernos de todo tinte político, habiendo además experimentado más de una modificación desde que se aprobó por referendo.

Desde nuestro punto de vista, el principal defecto de la Constitución vigente es de orden institucional. La unicameralidad ha sido uno de los errores más graves del fujimorismo. El nuevo Congreso debe evaluar la bicameralidad, con un Senado encargado exclusivamente de revisar las Leyes propuestas por la Cámara de Diputados. Para la elección de este último, proponemos crear distritos electorales pequeños, uninominales, cada uno con su diputado.

No estamos en favor de la reforma demagógica que impulsó Vizcarra sobre la no reelección congresal. Lo mismo para el caso de los alcaldes y gobernadores. Estas son modificaciones a la Constitución original que debemos evaluar. El país necesita contar con gestores políticos con experiencia y que el pueblo sea quien decida si los reelige o no.

En lo que respecta al tema económico, la Constitución de 1993 ha cumplido un rol fundamental al garantizar una estabilidad macroeconómica notable. Por ejemplo, somos de los países con menor inflación y mayor estabilidad del tipo de cambio de América Latina. Ello gracias a la gestión de un Banco Central independiente, por mandato constitucional.

Un aspecto que es nombrado con frecuencia por aquellos que, desde el populismo, proponen el cambio de Constitución, es el referente a las empresas estatales. Ellos critican el artículo que habla del rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial. La verdad es que, por razones políticas, desde inicios de siglo se abandonaron las privatizaciones contradiciendo dicho articulo. Lo que propone nuestro Plan de Gobierno es adaptar la normativa a la realidad. Debemos dejar de negar que la empresa estatal pueda existir incluso donde el sector privado se desenvuelve. Pero debemos ocuparnos de que se gestione bien.

Nuestro plan propone la reestructuración de FONAFE -la entidad del Estado dueña de las empresas estatales- realizando reformas de gobierno corporativo que permitan que dichas empresas sean gerenciadas por profesionales y no por directores o gerentes nombrados políticamente. Mejor aceptar la existencia de empresas estatales haciendo todo lo posible para que sean competitivas, como lo son muchas empresas estatales de otros países, que seguir negando su existencia o promoviendo su retorno sin estudiar lo que necesitan para operar mejor.

Nuestro plan contempla también el fortalecimiento de algunas instituciones clave, como es el Indecopi. El abuso de poder monopólico de muchas empresas no tiene un contrapeso suficiente. Un Indecopi empoderado podrá oponerse a todo lo que venga “contaminado” por la política. Se alentará así la libre competencia, luchando contra los monopolios. Solo así se podrá aspirar a pertenecer al OCDE.

De llegar a ser gobierno, APP impulsará estas reformas desde el primer día. No hay tiempo que perder. Son cambios radicales, pero necesarios. Son cambios con rumbo. Cambios constitucionales que no requieren de una nueva Constitución.