Elecciones 2018: la urgencia de diseñar políticas públicas para disminuir los niveles de criminalidad

Las autoridades municipales y regionales que los peruanos elijamos en octubre próximo deberán enfrentar el problema señalado como el principal en nuestro país: la inseguridad ciudadana, la delincuencia en sus diferentes niveles.

San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, con más de millón de habitantes, solo invierte siete soles por persona en seguridad pública y cuenta con un policía por cada mil 414 vecinos, cuando la media internacional es uno por cada 250.

¿Qué modalidades concentran la actividad delictiva en nuestras ciudades, a quienes afecta? Aníbal Sánchez, exjefe del INEI, ha estudiado el fenómeno y nos ofrece este panorama:

"El grueso de la actividad delictiva está referido al robo de dinero, cartera, celular. La actividad delictiva de la calle, del arrebato, es casi el 70%. Por otro lado, el crimen organizado tiene un impacto enorme: el narcotráfico, el contrabando, secuestro y extorsión".

¿Y cuál debe ser la respuesta de nuestras autoridades, la Policía Nacional, alcaldes y gobernadores? Ricardo Valdez, exviceministro de Seguridad Pública recomienda lo siguiente:

"En el operativo los alcaldes deben activar sus consejos de seguridad ciudadana, articular sus fuerzas con las de la Policía e impulsar la articulación de los planes de seguridad y hacer más eficiente la vigilancia en las zonas calientes. En lo preventivo contar con personas más alertas, reducir el uso de celulares en la vía pública, más transacciones bancarias electrónicas, promover la organización de vecinos".

Jóvenes más ligados a la delincuencia

La otra cara de la moneda, que, por supuesto, también tiene que ser tomada en cuenta al momento de plantear soluciones, es la procedencia de quienes cometen estos delitos. Es decir ¿quiénes son, qué edad tienen? Nuevamente Aníbal Sánchez nos da algunas claves para entender esta arista del problema:

"La población más ligada a estos hechos son los jóvenes y esto se refleja en la población que está en los penales: más de la mitad de los internos tienen menos de 35 años y cerca de 1/3 están entre 18 y 30 años. Es decir, son jóvenes de hogares disfuncionales, de barrios con muchos problemas, hogares donde alguno de sus miembros ya ha cometido algún delito".

Otros dos fenómenos son los crímenes violentos y la participación de funcionarios municipales en determinadas organizaciones criminales, frente a los cuales el exviceministro Ricardo Valdés plantea lo siguiente:

"Con respecto a los crímenes violentos hay que asegurar una mejor coordinación entre la PNP y el Ministerio Público pues a ellos les toca la lucha contra el crimen organizado. Los municipios deben mirar hacia adentro y estar seguros de que no han sido infiltrados por esta mafia. Las unidades de fiscalización municipal y de serenazgo deben estar capacitados para detectar estos negocios ilegales y dar cuenta a la Policía y el Ministerio Público".

La tarea pendiente de nuestras autoridades municipales y regionales, de cara a un nuevo proceso electoral, es el diseño de políticas públicas orientadas a disminuir los niveles de violencia y criminalidad que afectan a la población.