El partido de la lampa se mantiene en carrera electoral junto a otras 20 organizaciones políticas.

El partido Acción Popular, que compite contra otras organizaciones políticas por curules al Congreso para las Elecciones Extraordinarias del 26 de enero de 2020, mantiene una lista de candidatos con algunas hojas de vida de pasado judicial. Se trata de hasta 14 postulantes que declararon haber sido demandados y/o sentenciados bajo cargos diversos, que van desde lo contractual y laboral hasta lo penal.

Tal y como mostramos en informes anteriores, las declaraciones juradas sobre procesos judiciales no son características de un solo partido. Una de las materias más comunes halladas entre los cientos de candidatos es la familiar o alimentaria.

En el caso de Acción Popular, que presentó 140 aspirantes, un total de 14 declararon sentencias judiciales. De ellos, 12 continúan en carrera y siete han perdido juicios por deuda de pensión de alimentos. Algunos presentan, además o fuera de este cargo, otros por violencia familiar y lesiones. 

Daniel Gómez Flores, representante por la región Huánuco manifestó en su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones que fue demandado por ese concepto y que aquel cargo fue resuelto como "fundado" por la sede judicial que revisó el caso.  Por su parte, el candidato Eliseo Milian Milian, de Cajamarca, declaró haber sido demandado por omitir pensión alimentaria hasta en tres ocasiones. Según Milian, aquellos procesos se resolvieron por conciliación con las personas demandantes. 

 

Orlando Quevedo Escobar, postulante por la región Tumbes, fue demandado dos veces por adeudar alimentos. De acuerdo con su declaración, la Justicia determinó una deducción de su remuneración mensual para cubrir el aporte exigido. David Guidino Rejas, aspirante por Piura también fue sujeto de proceso por alimentos, del cual manifestó habérsele ordenado varios meses de sanción, aunque no especificó de qué tipo.

Luis Alberto Apaza Apaza, de Moquegua, y Jorge James Pérez Rosas, de Junín, también declararon procesos por alimentos. Sin embargo, sus candidaturas figuran como rechazadas y en proceso de exclusión por sus respectivos jurados electorales especiales.

- Demandados por violencia familiar- 

 Vladimir Quispe Gutiérrez, de Cusco, tiene además de procesos judiciales concluidos por omisión de alimentos, otros dos por violencia familiar y lesiones leves. Por el cargo de lesiones se le dictó un año de pena privativa de la libertad suspendida.

Javier Adrianzén Carreño, de Cajamarca, tuvo también un proceso por violencia familiar, por el que se dictaron medidas de protección en favor de la persona demandante.

Rosalía Esquivel Vera, candidata que representa a Cusco, fue también procesada por violencia familiar. De acuerdo con su hoja de vida, el Poder Judicial determinó el pago de una reparación. 

- Otros procesos - 

Ilich López Ureña, candidato por Junín, fue demandado por lesiones leves. Según declaró López al JNE, se le dictó el pago de una reparación para la persona demandante.

Por otro lado, Silvia Chávez Saavedra, postulante por Ica, indicó en su hoja de vida haber sido procesada por el delito de estafa. Según detalló, se le ordenaron dos años de pena suspendida con periodo de prueba.

Jorge Lenin Escudero Viera, de Ucayali, fue procesado por dos casos de abuso de autoridad. En su declaración jurada manifiesta que cumplió con un total de dos años de pena privativa de la libertad en modalidad suspendida.

Por Tumbes, el candidato Manuel Arturo Merino de Lama señaló tener una demanda concluida y archivada en materia laboral. Por su parte, Vladimir Fuentes Calderón, de Arequipa, indicó haber tenido dos demandas contractuales que llegaron a declararse fundadas.

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