Hasta cinco postulantes registran expedientes por haber adeudado alimentos. | Fuente: Andina

El partido Alianza para el Progreso (APP) presentó una lista total de 140 candidatos (139 siguen inscritos), de los cuales 11 declararon haber tenido procesos judiciales o sentencias firmes por diversos delitos. 

El ilícito más común es el de omisión de prestación de alimentos. El candidato Omar Merino López, inscrito por la región Apurímac; el postulante Jorge Julio Sevilla Sifuentes, por Ayacucho; el también aspirante Guillermo Enrique Segura Díaz, de Lambayeque; Mario Javier Quispe Suárez, por Piura; y Juan Manuel Morán Guerra, de Tumbes, revelaron en sus hojas de vida haber sido enjuiciados en sus respectivas jurisdicciones por deuda alimentaria. De ellos, Morán Guerra ha fue excluido de la carrera electoral por el Jurado Electoral Especial de su región.

Otros son los casos de Arnoldo Dante Mallma Auqui, representante de Junín, y Jesús Dionicio Pingo Bayona, de Piura, quienes declararon procesos en materia laboral y civil, aunque sin especificar qué acciones cometieron. En el caso de Pingo Bayona, el fallo que se le impuso fue un pago de S/ 8 mil como indemnización “por daños emergentes”. Por su parte, Mallma Auqui declaró tener dos procesos laborales aún abiertos y una demanda por alimentos que fue resuelta como infundada.

Carmen Omonte Durand -candidata por Lima y anterior congresista y ministra durante el gobierno de Ollanta Humala- consignó haber tenido un proceso en materia laboral que fue declarado fundado en parte. Además, reveló que “se dio por compensada la obligación” en la que se centró la discordia.

-Procesados por otros delitos-

Marco Antonio Centty López, candidato por Arequipa; Willmahan Osores Paucarchuco, de Junín; y Miguel Ángel Ferreyra Sánchez, de Lima, también señalaron procesos ante el JNE. Centty López, acumuló tres demandas en materia contractual y una por el delito de falsedad ideológica. 

Por su parte, Osores Paucarchuco declaró haber sido demandado por falsedad genérica. Ferreyra Sánchez tuvo, en su caso, una demanda por falsedad y otra por difamación, por las que fue sentenciado a pena suspendida.

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