La sesión del TC debe contribuir a clarificar el marco institucional de nuestra vida política. | Fuente: Andina

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La sesión del Tribunal Constitucional que tendrá lugar mañana debe contribuir a clarificar el marco institucional de nuestra vida política. Finalmente, todos los actores han terminado por reconocer la función que corresponde al máximo intérprete de nuestra Constitución. Esa función es tanto más necesaria que la división entre dos campos jurídico-políticos gira nada menos que en torno a acusaciones de ruptura constitucional o directamente golpismo. Ha sido oportuno que un joven constitucionalista, Javier de Belaunde de Cárdenas, haya recordado el antecedente de un fallo del Tribunal Constitucional frente a un conflicto de competencias entre el Banco Central y la Superintendencia de Banca y Seguros.

El TC reconoció hace quince años que la Superintendencia actuó al margen de la constitución cuando no consultó al Banco Central antes de autorizar la creación de un banco, pero al mismo tiempo reconoció la existencia real de ese banco y los perjuicios que su eliminación causaría. Hoy no estamos ante la existencia de un banco, sino la de un proceso electoral convocado por la autoridad competente y que ha movilizado ya a partidos y ciudadanos. De manera que quienes tienden a ver el mundo en blanco y negro, podrían tener que resignarse a una solución salomónica. O, como dijo Ernesto Blume, que reúna “celeridad y prudencia”. Podríamos decir también fidelidad a la Constitución y realismo para proceder ante situaciones “inusuales”. No olvidemos que la actual situación es consecuencia del archivamiento de la propuesta inicial del Ejecutivo, la de adelantar las elecciones generales, para dar por concluido un período de enfrentamiento estéril, exacerbado por los resultados de las elecciones del 2016.

Por si faltaran razones para exhortar a la unidad y a la salida concertada bastaría con observar lo que está pasando en la Fiscalía. Las investigaciones continúan, como evidencia el allanamiento realizado ayer en los domicilios del exalcalde Luis Castañeda, del propietario de la universidad Telesup y otras personalidades vinculadas a la anterior gestión municipal. Sin embargo, al mismo tiempo, el fiscal Pedro Chávarry ha logrado el respaldo de otros dos cuestionados fiscales supremos, para retirar al fiscal Pablo Sánchez de la investigación sobre los Cuellos Blancos, con los que se asocia al propio Chávarry. Es decir, a falta de un ordenamiento institucional funcional, sigue peligrando la lucha contra la corrupción. Por eso es una buena noticia el progreso del nuevo proceso para elegir miembros de la Junta Nacional de Justicia, que según el Defensor del Pueblo podrán prestar juramento el próximo 6 de enero.

Otro síntoma grave de nuestra falta de institucionalidad es el conflicto de linderos entre el distrito de San Juan de Lurigancho y la vecina provincia de Huarochirí. El viceministro de gobernanza territorial ha informado que las respectivas autoridades se niegan a reconocer los estudios técnicos realizados bajo la autoridad de la presidencia del Consejo de ministros. Lo que quiere decir que a poca distancia de la sede presidencial hay alcaldes que pretenden imponer por la fuerza sus pretensiones territoriales. Veremos si una consulta popular bien organizada puede evitarnos el triste espectáculo de la agitación populista y la exacerbación de reflejos tribales.

En estas circunstancias resulta alentador el resultado de una encuesta hecha por Datum que da cuenta del aumento de la aceptación de la actividad minera en el Perú. Hace apenas seis meses solo 43% de los encuestados consideraban positiva esta actividad extractiva, pero después de los conflictos en Bambas y Tía María la tasa de la aprobación ha subido al 55%. Pareciera que necesitamos ir hasta los límites de los conflictos y arriesgar al aumento de la pobreza para lograr ubicarnos en la realidad de nuestro mundo: la minería moderna es compatible con las exigencias sociales y ambientales.

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