La informalidad es un fenómeno multidimensional, pues implica el incumplimiento de distintos tipos de regulación: laboral, tributaria, municipal, registral, entre otras.
En nuestro país, la informalidad general abarca a poco más del 70% de la población que trabaja, no obstante, la informalidad laboral propiamente dicha, que implica la omisión de la declaración en planilla de los trabajadores asalariados o dependientes por parte de sus empleadores, es del 47%.
Desde el año 2000, la política de formalización se ha centrado en la creación de diversos regímenes laborales promocionales (agrario, MYPE, trabajo del hogar, etc.), que han reducido significativamente los derechos laborales o “costos laborales” extra salariales como un supuesto incentivo al incremento de la contratación formal de los trabajadores; sin embargo, se trata de un enfoque que ha fracasado rotundamente: no más del 8% de MYPEs se ha formalizado bajo dichos estándares, la tasa de informalidad laboral se ha mantenido cercana al 90% en el segmento microempresarial, por encima del 80% en el ámbito asalariado agrario y mayor al 90% en el trabajo del hogar.
Desde Juntos por el Perú proponemos un conjunto de medidas que permitirán incrementar de manera sostenida la formalidad en el país, entre ellas:
i) El fortalecimiento de la inspección laboral, vía la contratación de mayor personal para todo el proceso inspectivo y la ampliación de la cobertura de la SUNAFIL en todo el territorio nacional, principalmente para incrementar la fiscalización laboral en aquellos segmentos empresariales que están en capacidad de cumplir con la normativa laboral pero no lo hacen debido a la escasa inspección laboral;
ii) Generar sinergias entre distintos entes fiscalizadores como la SUNAFIL y la SUNAT, con el fin de ampliar su llegada y acelerar la reducción de la informalidad en general; y
iii) Fomentar el crecimiento de la productividad empresarial, especialmente en los segmentos de menor dimensión, para incrementar su capacidad de formalizarse; ello mediante un conjunto de mecanismos estatales articulados que faciliten el acceso a financiamiento barato (fondos de garantía, banca de fomento), capacitación laboral (vía programas de empleo), innovaciones (fondos financieros), nuevos mercados, compras estatales, y a través de la simplificación de los procesos de formalización y de medidas tributarias promocionales con una adecuada focalización.
Complementariamente, plantearemos un único régimen laboral promocional, en sustitución de los actuales, adicional a la regulación laboral general; pero con mejores beneficios laborales que los regímenes especiales vigentes, focalizado en empresas que realmente lo necesiten y sujeto a monitoreo y evaluación constantes.
En síntesis, de lo que se trata es de contribuir a la generación de empleo de calidad, con mayores remuneraciones y mejores condiciones laborales.
De otro lado, en lo que concierne a la política de remuneración mínima, institucionalizaremos, vía norma del Ejecutivo, un mecanismo técnico de revisión e incremento de la remuneración mínima, que incluya variables económicas y una periodicidad preestablecida, con el fin de potenciar los efectos positivos de esta política (alrededor de 1 millón de trabajadores formales privados ganan la remuneración mínima o un monto bastante cercano) y minimizar cualquier efecto colateral.
Para ello, partiremos del mecanismo aprobado por trabajadores y empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo, y lo actualizaremos de manera conjunta.
La evidencia estadística internacional, así como la de nuestro país, muestran que los incrementos de la remuneración mínima dados en contextos de crecimiento económico y sobre la base de criterios técnicos, contribuyen a mejorar los ingresos de los trabajadores y su demanda por bienes y servicios, sin generar informalidad ni desempleo.
Es tiempo de dejar atrás la precariedad y la inestabilidad en el trabajo, de ir consolidando en las normas y, sobre todo en la práctica, el trabajo digno, principal fuente de riqueza y bienestar.
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