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por Pedro Melgar
·A pesar de las posiciones a favor y en contra del desempeño de los movimientos regionales en la vida política del país, expertos manifestaron su desacuerdo con la aprobación, en primera votación, del dictamen que los elimina de la Constitución.
El especialista en derecho electoral José Naupari aseguró que existen "vicios de inconstitucionalidad" en la aprobación -en primera votación- del dictamen que sustrae de la Constitución a los movimientos regionales.
Recordemos que en el último pleno del Congreso, mientras se debatía el proyecto de reelección de autoridades regionales y municipales, se incluyó en último momento un texto sustitutorio que quita la palabra "movimientos" del artículo 35 de la Carta Magna.
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En Las Cosas como Son de RPP, Naupari aseguró que hubo un "déficit en el proceso deliberativo" en torno a esta decisión, pues no se debatió lo suficiente en el Pleno. "Este tipo de medidas deberían tener un proceso deliberativo más amplio que implicaría, por ejemplo, convocar, escuchar a las personas involucradas. En este caso a la gente de los movimientos regionales, eventualmente, a la sociedad civil o a los organismos del sistema electoral", sostuvo.
Para el politólogo Fernando Tincopa, la aprobación de este dictamen tiene un trasfondo de interés particular por parte de los partidos representados en el Congreso. "Es evidente que lo que está en disputa el es gran bolsón electoral que tienen los movimientos regionales. Llega a un porcentaje cercano al 60% de los votos hábiles de las elecciones regionales", señaló.
¿Es conveniente la eliminación de los movimientos regionales?
En Enfoque de los Sábados de RPP, el politólogo Fernando Tincopa se mostró crítico de los movimientos regionales por distintos aspectos como que son "excesivamente volátiles", "cambian de nombre de una elección a otra" o simplemente "desaparecen". Indicó que son "tan o más corruptos" que los partidos políticos de alcance nacional.
A pesar de las críticas, resaltó que tienen una virtud importante para el desarrollo democrático del país. "Pueden generar incentivos para que independientes puedan postular y representar a nivel local a sus comunidades o junta de vecinos. Eso es lo que se está perdiendo", aseveró el especialista.
En esa misma línea, el experto en derecho electoral José Naupari aseguró que con la eliminación de este tipo de organizaciones habría un "incidencia negativa en el derecho a elegir y el derecho a ser elegidos". En primer lugar, porque con esta decisión se reduce la competencia de los partidos políticos y el ciudadano va a tener menos opciones para elegir. En segundo lugar, porque "obliga" a los que quieren ser autoridades regionales o locales a afiliarse a los partidos políticos.
Hay riesgo en la alternancia en el poder
Otro argumento en contra de la eliminación de los movimientos regionales es el riesgo de la "alternancia en el poder". Esto quiere decir que en determinada localidad podría no haber muchas opciones para elegir autoridades. José Naupari señaló que esto podría llegar a pasar porque "actualmente la ley no exige [a los partidos políticos] tener comités en todos los departamentos y en las provincias del país". La misma ley tampoco exige que "un partido político tenga que presentar listas en todas las circunscripciones en unas elecciones regionales".
El especialista en derecho electoral señaló que podrían darse múltiples casos en los que no se presenten ninguna autoridad. "Si elimino un movimiento regional, y de repente el partido político ni siquiera tiene comités en esa circunscripción, ¿acaso no existe el riesgo elevado de que haya lugares (...) donde no haya ninguna organización política interesada en presentar lista de candidatos?", puntualizó.
En ese caso el Jurado Nacional de Elecciones tendría que declarar la nulidad de la votación y programarse nuvas elecciones complementarias de cara a lo que suceda en las elecciones del 2026.
Cabe recordar que la eliminación de los movimietos regionales del artículo 35 de la Constitución Política del Perú fue aprobada en primera votación con 91 votos. Sin embargo, esta decisión tiene que ser ratificada en una segunda votación en una siguiente legislatura y alcanzar al menos 87 votos. Se espera que entre la primera y segunda votación se amplíe el debate de esta norma.
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Pedro Melgar Periodista
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