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El exministro del Interior Carlos Basombrío señaló que será muy difícil ahora pedirle a las Fuerzas Armadas que intervengan en un conflicto cuando se les echará toda la culpa si algo sale mal.
Estado
Protestas iniciaron el pasado 7 de diciembre, luego del fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo
El exministro del Interior Carlos Basombrío consideró que si bien los ministros de diferentes sectores no van a tomar decisiones específicas sobre cada operativo relacionado a conflictos sociales, deben tomar decisiones de gobierno y estar enterados al milímetro al suscitarse un situación altamente conflictiva.
"Yo creo que lo que ha pasado ahora se ha generado por una visión de la responsabilidad que tienen los ministros, sobre todo el primer ministro, donde dicen que ellos prácticamente son observadores. Dicen que hay que restablecer el orden público y los profesionales del tema se encargan y punto, y si hacen cosas mal hechas, allá ellos (...) Es grave porque estamos ante hechos de una gravedad inmensa y de unas repercusiones políticas para el país aún mayores y que nos van a acompañar por muchos años", dijo en Ampliación de Noticias.
"(Los ministros de Estado tienen un mando dentro de la institución), no en el sentido de pedir que pongan al teniente tal a cargo de este operativo o que sean 45 aquí y 30 allá. Pero debieron monitorear, por ejemplo, la toma del aeropuerto de Juliaca al milímetro, y tomar decisiones de gobierno sobre lo que se hace, si se avanza un centímetro más o no (...) Hay una responsabilidad que uno tiene que asumir. No puede señalar el ministro de Defensa o del Interior que no tiene que tener ningún conocimiento de lo que se haga en el terreno. Eso no es verdad y además no es correcto", agregó.
Asimismo, manifestó que, debido a la experiencia previa, será complicado ahora que las fuerzas del orden intervengan cuando han sido desprotegidos por el Poder Ejecutivo.
"Es muy difícil ahora pedirle a las Fuerzas Armadas o a la Policía que intervengan en determinadas situaciones cuando tienen la experiencia traumática reciente de que le van a decir al final que, si algo sale mal, es culpa solo de ustedes", mencionó.
"La Policía, como institución, tiene protocolos muy bien definidos sobre el uso de la fuerza. Es impresionante. Va desde el policía que te dice por favor que te retires hasta en el último extremo la posibilidad de usar armas de fuego en circunstancias determinadas. Y eso es internacional", aseveró.
Conflictos sociales y políticos
Por otro lado, Basombrío comentó que la mayoría de conflictos en nuestro país es de origen social, mientras que los propiamente políticos son hitos puntuales en nuestra historia reciente.
"La conflictividad en el Perú, en las últimas décadas, ha sido básica y principalmente la conflictividad social. Es decir, aquella que plantea reivindicaciones, que por distintas circunstancias no son atendidas, son mal atendidas o se asume que no ha sido atendidas como se debe, y se sale del marco legal para presionar. Y más bien los conflictos políticos han sido raros en el Perú. Uno puede identificar tres hitos: la marcha de los cuatro suyos, la caída del gobierno de Merino y estas últimas protestas políticas violentas", indicó.
"En términos de protestas sociales, la gran mayoría se solucionan en etapas previas de conciliación, diálogo. Hay instituciones en el país que se han ido creando y que tienen ese rol. Pero una parte termina de otra manera. Y es sobre esas, solo sobre esas, en las cuales se necesita la intervención de la Policía y en esas circunstancias hay normas que cumplir", finalizó.
Protestas en Puno: Gobierno amplió estado de emergencia por 60 días
Por segunda vez consecutiva, el Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en la región Puno por 60 días, el cual entró en vigencia desde el último 6 de junio.
La medida fue oficializada a través de una publicación en el diario oficial El Peruano y cuenta con las firmas de la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola; el ministro de Defensa, Jorge Chávez; el ministro del Interior, Vicente Romero; y el ministro de Justicia, Daniel Maurate.
Con esta nueva prórroga, los ciudadanos de la región Puno acumularán más de medio año con sus derechos constitucionales restringidos.
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Jair Zevallos Morón Periodista
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