Escándalos de corrupción golpean a los tres poderes del Estado peruano en menos de un año

Nuevos indicios de corrupción siguen empañando el aparato estatal peruano. Menos de medio año después de que el Ejecutivo y el Congreso entraran en crisis tras la difusión de grabaciones sobre presuntos favorecimientos políticos internos, una reciente investigación periodística ha puesto la lupa sobre el Poder Judicial y la entidad autónoma que elige a sus miembros. 

El escándalo, que hasta el jueves vinculaba solo a jueces e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), salpicó al gabinete de Martín Vizcarra y provocó este viernes la renuncia de su ministro de Justicia, Salvador Heresi. Esto, luego de que un audio revelara una coordinación entre Heresi y el cuestionado juez supremo César Hinostroza. 

Dos días antes de la publicación de este material, el presidente de la República, Martín Vizcarra, había anunciado una reforma estructural del sistema judicial en el país, la cual ya cuenta con una comisión de trabajo. Para el jurista Enrique Bernales y la abogada Cruz Silva, el mensaje de reforma es pertinente, pero la medida debe garantizar efectividad y, sobre todo, inmediatez.

Influencias al descubierto entre jueces, consejeros... y el ministro de Justicia

El sábado 7 y el domingo 8 de julio, el portal de investigación IDL-Reporteros publicó una serie de audios sobre presuntas coordinaciones para nombramientos y elecciones internas, favores de contratación de personal, y hasta corrupción de funcionarios en el Poder Judicial y el CNM, la institución que se supone independiente y se encarga de evaluar, designar, ratificar y destituir a todos los jueces y fiscales del país.

Las personas directamente comprometidas o mencionadas en estos audios son el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza; el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos; el expresidente y actual consejero del CNM, Guido Aguila; y los otros dos consejeros de la misma entidad, Julio Gutiérrez e Iván Noguera. El martes 10 de julio, el programa dominical de investigación Panorama publicó en su cuenta de Twitter otros dos audios que involucran aún más a los magistrados Ríos e Hinostroza en aparentes actos irregulares.

El último audio, publicado este viernes 13 de julio por Panorama, alcanzó la esfera del Poder Ejecutivo y expuso al propio ministro de Justicia, Salvador Heresi. El material difundido muestra una conversación telefónica en la que el también congresista le pide un encuentro al vocal supremo César Hinostroza para discutir sobre un proyecto de ley que se preparaba en el Parlamento. La revelación motivó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, pida la renuncia de Heresi al gabinete. Horas antes de su abandono del cargo, el ministro había reconocido su voz en el audio y remarcado que la charla con Hinostroza no recaía en actos irregulares.

CNM, la raíz de un sistema judicial manchado

Consultada por RPP Noticias, la abogada e investigadora de Justicia Viva, Cruz Silva Del Carpio, sostuvo que el CNM ya ha demostrado faltas éticas a lo largo de su historia y que las decisiones tomadas por sus consejeros han traído consecuencias negativas en las cortes superiores de Justicia.

“Tachas, conflictos de interés, falta de idoneidad profesional, exceso de investigaciones fiscales, relacionamientos con personas o empresas cuestionadas y acercamientos políticos. Problemas que en su momento se señalaron y que no tuvieron una respuesta adecuada ni del Congreso, que es la entidad encargada de la fiscalización, ni de la Fiscalía, cuando las situaciones comprometían temas penales. En la Corte Superior del Callao, por ejemplo, lo que hemos visto es que las contrataciones, los cargos de confianza, los nombramientos, han sido campo de corrupción”, señaló Silva.

Según el artículo 157 de la Constitución Política del Perú, el Congreso de la República es el ente encargado de remover a aquellos miembros del CNM que incurran en falta grave. Para el jurista Enrique Bernales, esta solución no debe ser la única. “En el corto plazo, se deben dar las sanciones, pero en el largo plazo hay que hacer modificaciones constitucionales. El CNM no puede seguir funcionando con las atribuciones que tiene y con una composición que, desgraciadamente, favorece compadrazgos y acuerdos por debajo de la mesa. El Congreso tiene que ser consciente que no puede demorar en acceder a una recomposición y reedición sustantiva de esa institución”, dijo el también exsenador.

Ejecutivo y Legislativo, igual de endebles

El escándalo que involucra al Poder Judicial y al CNM provocó el inicio de investigaciones en la Comisión de Fiscalización del Congreso y en el Ministerio Público. Sin embargo, no son las únicas instituciones afectadas por signos de corrupción en los últimos cinco meses.

El 15 de marzo, el Parlamento había aprobado el proceso de vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski por supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. Semanas antes, el exrepresentante de la constructora en Perú, Jorge Barata, declaró ante fiscales peruanos en Sao Paulo que la compañía había pagado parte de la campaña electoral de Kuczynski en 2016.

Para el 20 de marzo, a solo dos días de que el Congreso de la República votara la vacancia de PPK, el legislador de Fuerza Popular, Moisés Mamani, presentó en conferencia de prensa una serie de videos que comprometía a tres congresistas de su bancada y a otras personas allegadas al gobierno. Las conversaciones captadas mostraban una aparente negociación de votos a favor de la permanencia de Kuczynski.

El propio Mamani realizó las grabaciones en las que los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez tratarían de convencerlo a votar por la no vacancia. Otras personas captadas en imágenes eran Alberto Borea, quien para ese momento ejercía la defensa legal de Kuczynski, y Freddy Aragón, ahora exgerente de políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Al día siguiente, el también congresista fujimorista Daniel Salaverry publicó en su cuenta de Twitter tres audios con las voces de Mamani y del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra. Las conversaciones demostraban una coordinación para que ambos se encuentren en casa de Kuczynski. Tres horas después, el presidente leyó su carta de renuncia en cadena nacional. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió el cargo el 23 de marzo.

Las grabaciones de Mamani propiciaron también una crisis en Fuerza Popular y un descalabro en el Congreso de la República. El 6 de junio, el Pleno votó a favor de la suspensión de los legisladores involucrados en los videos.

Así, Fujimori, Bocángel y Ramírez quedaron impedidos de ejercer funciones hasta nuevo aviso. En sus curules los reemplazarán, respectivamente, los legisladores accesitarios Ángel Olaechea, César Campos y María Ramos. Los tres congresistas no podrán volver a sus puestos hasta que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resuelva el antejuicio en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.

El pasado 5 de julio, la encuestadora Datum publicó un nuevo estudio sobre la percepción ciudadana frente a las instituciones del Estado. Los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- obtuvieron notas desaprobatorias. En la escala del 1 al 20, las 1,200 personas encuestadas calificaron con 06 al Congreso de la República, mientras que al Ejecutivo liderado por Martín Vizcarra le impuso un 9,4. En medio de ambos, se ubicó el Poder Judicial, con 7,2 de nota.