Treinta años después de la matanza en El Frontón, siete familias recuperaron los restos de sus seres queridos, pero aún siguen en búsqueda de justicia.
La Fiscalía del Perú entregó los restos de siete exinternos del penal El Frontón que fueron ejecutados en 1986 durante un operativo militar para controlar un motín, el cual concluyó con la muerte de 139 personas, informaron este viernes fuentes oficiales.
Los restos. La fiscal superior Luz del Carmen Ibáñez entregó los restos a sus familiares este jueves en la sede de la Morgue de Lima, después de que los peritos del Instituto de Medicina Legal los identificaron, informó el Ministerio Público. Los féretros identificados con fotografías son de:
-Melchor Alarcón Coronado
-Alejandro Chancasanampa Castro
-Alcibiades Segundo Chávez Díaz
-Joel Berchmans Canahualpa Valenzuela
-Feliciano Humaní Astuvilca
-Alfonso González Toribio
-Claudencio Mendoza Reyes.
Acusados de terrorismo. Los fallecidos estaban recluidos en el penal El Frontón, una isla donde eran internados los acusados por presunto terrorismo. El 18 de junio de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, se desató un motín en varios penales de Lima. Este fue respondido con la intervención de las Fuerzas Armadas y que dejó un total de 249 muertos en tres cárceles peruanas.
Sigue el proceso. Ibáñez ha presentado la acusación fiscal contra 35 marinos por la ejecución extrajudicial de 139 internos de El Frontón y el próximo día 26 pedirá el inicio del juicio oral. La fiscal dijo que con la entrega de restos también se da cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Neyra Alegría (1996) y Durand Ugarte (2000), donde se dispone que el Estado Peruano localice e identifique a las víctimas de la matanza de El Frontón y entregue los restos a sus familiares.
Buscan justicia. Los restos entregados forman parte de un conjunto de 31 víctimas de esa matanza identificadas por el Equipo Forense Especial Multidisciplinario del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, señaló la fiscal. "Este acto no es solo una diligencia fiscal y legal, tiene connotaciones humanitarias relacionadas a la vigencia de los derechos humanos y restauración de la dignidad, así como de procedimientos democráticos en un Estado como el Perú, donde velamos para que impere la ley", afirmó la magistrada.
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