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por Josean Flores
·El ministro Eduardo Arana indicó que la nueva norma fue promulgada por el Congreso y no por el Gobierno. Además, afirmó que su aplicación le corresponde a jueces y fiscales y que el Ejecutivo debe mantenerse al margen.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, afirmó este miércoles que la entrada en vigencia de la ley que regula los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (Ley 32107), recientemente promulgada por el Congreso de la República, "ya es un hecho consumado" y su aplicación le corresponde al sistema de justicia y no al Ejecutivo, poder del Estado que -señaló- debe mantenerse al margen de esta nueva normativa.
En conferencia de prensa del Consejo de Ministros, Arana consideró prioritario precisar que "esta ley no ha sido promulgada por el Gobierno", sino por "orden del Congreso de la República". Esto, luego de que se solicitara una respuesta desde el Ejecutivo a los cuestionamientos a la referida ley desde organismos nacionales e internacionales.
"Respetamos profundamente las posiciones que, institucionalmente, las entidades, como la Conferencia Episcopal (Peruana) o el Ministerio Público, puedan tener respecto al contenido, vigencia y alcance de la ley. Y siendo respetuosos, también consideramos que los mecanismos constitucionales (de los) que se puedan disponer en contra de esta ley, ya corresponde a ellos hacerlo", dijo el ministro.
El último 9 de agosto, el Congreso promulgó la Ley 32107, que establece que nadie puede ser procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. El Parlamento procedió con la publicación de la nueva norma luego de que el último 4 de julio se venciera el plazo para que el Ejecutivo observara la ley.
La Fiscalía de la Nación, que ya había hecho advertencias sobre la pertinencia de esta ley, anunció el último lunes la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva norma ante el Tribunal Constitucional (TC). Y ayer, martes, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana exhortó a autoridades, entidades y a la sociedad civil a “accionar los mecanismos constitucionales” para buscar la nulidad de la referida ley.
Ministro de Justicia: "El Ejecutivo no aplica esta norma"
Arana dijo este miércoles que le "corresponderá al Congreso responder desde su procuraduría" a estas demandas, mientras tanto, señaló que le corresponde "a los jueces o fiscales aplicarla".
"El Ejecutivo no aplica esta norma [...] y desde luego corresponderá, evidentemente a los jueces o fiscales, disponer desde su perspectiva si aplican control difuso (si es compatible o no con la Constitución), control de convencionalidad (si se ajustan a convenciones internacionales de derechos humanos) o, eventualmente, si es que interponen una acción que el tribunal tenga que resolver", señaló.
El ministro de Justicia cerró su respuesta sobre este tema indicando que "la posición del Gobierno es de cumplimiento a las normas que el Congreso expide" y que "no existe otra disposición, en el momento, que corresponda a no ser aplicable (la ley 32107)".
"Pero esta norma está, efectivamente, destinada a ser aplicada por los jueces y fiscales", insistió.
Adrianzén rechaza represalias de Dina Boluarte contra Harvey Colchado
En otro momento, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó que los procedimientos disciplinarios iniciados contra el coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado, respondan a una represalia de la presidenta Dina Boluarte por las acciones del referido oficial contra la mandataria y personas de su entorno durante operativos de la Fiscalía.
"Quiero descartar de manera categórica [...] que los procedimientos administrativos disciplinarios que se hayan podido haber iniciado institucionalmente contra la persona que usted ha referido, pueda constituir actos de represalia de la presidenta de la República. La señora presidenta de la República no interviene en modo alguno en los procedimientos administrativos en ninguna de las entidades del sector público", aseveró.
Adrianzén indicó que será la Policía Nacional la que en "en su momento" dé explicaciones "de las razones por las que se ha iniciado este procedimiento y de las conclusiones de la misma".
"En tanto a mí me corresponde, únicamente, rechazar de manera categórica, que la presidenta pueda tener algún acto concerniente a esta situación, y menos que pueda constituir una represalia de parte suya", enfatizó.
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Josean Flores Periodista
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