El secretario general de la Organización de Estados Americanos insistió en que los antecedentes no avalan la presencia militar para vigilar las calles.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró este jueves que la militarización de la seguridad ciudadana no es, a priori, una política recomendable, al recordar que los antecedentes sobre la materia no dan el aval para optar por esa vía.
“Todos los casos en los cuales se ha procurado la militarización de la seguridad son los que hoy pagan el precio más alto en materia de violencia (…) Los ejemplos y experiencias existentes a nivel continental no dan el aval para ir por ese camino”, afirmó.
Dijo que si bien en temas de seguridad, drogas y narcotráfico cada país tiene su propio escenario a partir del cual debe desarrollar sus políticas, insistió en que los antecedentes no avalan la presencia militar para vigilar las calles.
Además, recordó que ello puede tener efectos colaterales, sobre todo en asuntos vinculados a la protección de los derechos humanos.
“No es a priori una política recomendable”, precisó Almagro en una conferencia de prensa junto al ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, en la jornada inicial de la V Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas.
Sostuvo, además, que la atención de la seguridad ciudadana requiere una visión integral con participación de la Policía, Fiscalía, jueces y sociedad civil.
En el caso puntual de la Policía señaló que requiere siempre capacitación especial y estándares altos profesionalización, y en el caso de las alcaldías comentó que su papel es fundamental al ser autoridad más próxima a la comunidad.
El secretario general de la OEA refirió también que la seguridad multinacional es uno de los cuatro pilares de dicha organización americana, y consideró prioritario la cooperación para resolver juntos los problemas comunes en la región.
Remarcó que para combatir delito y la violencia ha planteado como iniciativas la creación de una red interamericana de prevención del delito, donde se diseñen, implementen y evalúen las políticas públicas, y una red de intercambio de información que permita trabajar en el tema con datos precisos.
ANDINA
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