El abogado de Dina Boluarte indicó que se debe investigar "si hubo uso correcto de la fuerza" en el marco de las protestas sociales, pero presentó un recurso para que se detenga investigación contra la mandataria.
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Joseph Campos indicó que las muertes ocurrieron "por un escenario de violencia que generó condiciones para que las armas puedan ser usadas"
Joseph Campos - abogado de la presidenta Dina Boluarte en el proceso que se le sigue por las muertes ocurridas durante las protestas que iniciaron en diciembre pasado - se pronunció sobre el recurso que presentó el último miércoles para que no se formalice y se detenga la investigación fiscal contra su patrocinada en este caso.
Como se sabe, la fiscal de la Nación aperturó dicha investigación contra la mandataria el pasado mes de enero por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".
Al respecto, Campos Torres indicó que la mandataria no tiene "ninguna responsabilidad jurídica" en ese proceso, lo cual motivó que presentara el referido recurso.
"Ella no tiene responsabilidad jurídica de ninguna manera en esta situación. Las responsabilidades políticas que puedan existir tendrán que [determinarse] una vez que se establezca que en las situaciones que hemos visto y lamentamos las muertes (...) efectivamente hubo un uso bueno o malo del arma", sostuvo.
"Si hubo uso bueno y se explicara en todas las situaciones que hubo un uso correcto de la fuerza, entonces no va a haber responsabilidad ni jurídica ni política", aseveró.
"Todas las declaraciones" dicen que "no hubo instrucción" de Dina Boluarte
Para sustentar el recurso, el abogado argumentó que, "en el contexto de violencia", las declaraciones fueron "consistentes" en señalar que la presidenta no dio "instrucción" que haya derivado en las más de 66 muertes ocurridas en el marco de las protestas, según las cifras de la Defensoría del Pueblo.
"El contexto de violencia es lo que vimos y algunos de los policías que hemos podido ver, porque hemos verificado múltiples declaraciones y todas han sido consistentes en decir que no hubo una instrucción de Dina Boluarte", sostuvo.
"Lo que hemos visto, y consta en documentos en castellano y en quechua, ha sido una exhortación a la paz, pero acá ha habido personas que también tendrán que ser investigadas en tanto generadores de un contexto que, de ninguna manera, puede ser calificado como protesta", agregó.
En ese sentido, consideró que lo que se debía establecer en las investigaciones es si "hubo uso correcto de la fuerza" por parte de la Policía y agentes militares.
"Aquí lo que hay que establecer es cuál es la instrucción en un escenario donde todos los días había afectación de la libertad de las personas, niños murieron como consecuencia de la toma de carreteras, un policía murió y había un escenario de violencia que no podía provocar más que una reacción por parte del Ejecutivo (...). En ese control (…), ¿hubo un uso correcto de la fuerza? Habrá que investigar", resaltó.
No obstante, defendió que la presidenta sea excluída de esa investigación, porque "ya dio testimonio" y, según dijo, "no es correcto" que la investigación en su contra tome un tiempo prolongado.
"Las investigaciones tienen un tiempo (…), y eso no es correcto para la autoridad democrática, porque lo que hemos visto es una violencia no provocada por el Estado donde la presidenta ha hecho con firmeza el restablecimiento del orden público respetando los derechos humanos, llamó a la calma", resaltó.
En esa línea, Campos Torres hizo un llamado directo a la fiscal de la Nación, en representación de la presidenta, acerca de lo que significa "la tranquilidad para el ejercicio" de una función.
"Señora fiscal (...), usted ha establecido un debate sobre lo que representa la tranquilidad para el ejercicio de su función como fiscal de la Nación. Lo que yo le digo es lo mismo que le pide la presidenta: uno no puede estar investigado por este tipo de responsabilidades jurídicas cuando usted sabe que esto no tiene sentido, no tiene posibilidad", refirió.
"Siga investigando como usted lo está haciendo (…), pero lo que no puede permitir, como usted también lo está demandando, es que la autoridad democrática de la presidenta se vea mellada con imputaciones insanas", agregó.
Asimismo, remarcó que la presidenta ha "participado de la investigación bajo la premisa de que cuando hay una imputación grave, nadie puede dejar de ser investigado", y que se ha "establecido, en la cadena de mando, que no existe ninguna participación de la presidenta".
"Nosotros hemos querido que aparezcan los responsables, incluso políticos y de orden policial y militar y todos han sido constantes en decir que no han recibido instrucciones", aseveró.
¿Todas las declaraciones coinciden en que no hubo "instrucción" del Gobierno?
Ante lo dicho por el abogado de la mandataria, cabe resaltar que existen testimonios que indican lo contrario a lo que argumenta.
Uno de estos testimonios es el de John Robert Torres Yataco -quien fuera suboficial de tercera de la PNP-, que renunció a la Policía el pasado 10 de enero tras las muertes ocurridas en Juliaca, Puno.
Según un reciente reportaje de La República, Torres habría declarado ante la Fiscalía que, como miembro de la Unidad de Servicios Especiales (USE), tuvo la responsabilidad de salvaguardar el aeropuerto durante el intento de toma por parte de los manifestantes, circunstancias en la que ocurrieron las 17 muertes de aquel mes.
En ese sentido, según el expediente fiscal, declaró que sus superiores le indicaron que los manifestantes eran "terroristas" y que la orden de disparar venía de "los altos mandos policiales y de la presidencia de la República”.
“Observé que, en algunas escuadras, algunos efectivos policiales portaban fusiles de largo alcance AKM y otros efectivos portaban pistolas. (…) Ya formados, el mayor (Joel Tapia Guillén, jefe de la USE Juliaca) y el alférez indicaron que pasen a formar a un costado todos los que portaban fusiles AKM y, de igual manera, los escopeteros (lanzadores de proyectiles de gas lacrimógeno), que pasen a un costado para que se les afecte (entreguen) municiones lanza gas, las cuales recién habían llegado de Lima", señalaría el expediente fiscal de su testimonio.
"En ese momento, el mayor (Tapia) nos indica que se tenía que defender y no permitir el ingreso de ninguna persona a las instalaciones del aeropuerto. De igual manera, nos indicó que los que venían eran terroristas y de Sendero Luminoso. En razón a ello, las disposiciones de los altos mandos de la Policía y de la presidencia era defender a como dé lugar el aeropuerto", agrega.
Asimismo, siempre según lo recogido por La República, indicó que la instrucción para "los efectivos que se encontraban a un costado con sus AKM" era que "si alguien ingresaba al aeropuerto, tiene la autorización de hacer uso de sus armas de fuego. Todo esto con el conocimiento de los altos mandos y la presidencia".
Según el documento, cuando la Fiscalía le pregunta cómo sabía que la orden provenía del comando y la presidencia, Torres Yataco habría respondido que "el mayor Tapia, en compañía del alférez Salcedo" indicaron que las "órdenes que él impartía venían de los altos mandos policiales y de la presidencia de la República”.
Asimismo, un reportaje del semanario Hildebrandt en Sus Trece reveló, el pasado junio, que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, declaró ante la Fiscalía que el 17 de diciembre del 2022, dos días después de las muertes ocurridas en Ayacucho, asistió a Palacio de Gobierno para informar del desenvolvimiento de las acciones militares en dicha región.
"Sí, acudí a Palacio de Gobierno como parte del equipo del ministro de Defensa, el que habla y dos oficiales de mi estado mayor para darle cuenta a la señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional", refiere el documento que recoge su testimonio.
Vale señalar que, durante su testimonio ante la Fiscalía brindado el 6 de junio, la mandataria dijo que no tenía conocimiento de las operaciones que efectuarían los policías y militares ante las manifestaciones y que no tuvo "contacto directo" con el alto mando de las fuerzas del orden.
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