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Contraloría: funcionarios de Migraciones dilataron sin justificación compra de 700 mil pasaportes electrónicos

Informe de Contraloría sobre Migraciones
Informe de Contraloría sobre Migraciones | Fuente: Andina

De acuerdo con un informe de Contraloría, el problema de desabastecimiento del documento pudo haberse previsto, ya que la Dirección de Operaciones de Migraciones (DIROP) lo había detectado desde agosto de 2021.

Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones "dilataron sin justificación el proceso" de compra de 700 mil libretas para pasaportes electrónicos y láminas de seguridad, generando desabastecimiento y suspensión de las actividades. De acuerdo con la Contraloría General de la República, esta situación tuvo un impacto directo sobre la continuidad del servicio e hizo perder vuelos internacionales a los usuarios.

Contraloría indica que el pasado 11 de agosto de 2021 la Dirección de Operaciones de Migraciones (DIROP) solicitó a la Oficina de Administración y Finanzas (OAF) dar inicio a un estudio de mercado a fin de realizar la compra de las 700 mil libretas. Ello responde a que para la última semana de julio de 2021 solo habían 463 000 pasaportes en stock y se proyectaba que más del 90% se agotaría a inicios de 2022.

Dos meses después, en octubre de 2021, se informó que quedaban 299 410 pasaportes. Para el 2022 solo quedó un saldo de 116 806 que cubrió hasta febrero. Pese a las previsiones, ya para abril el escenario era de desabastecimiento.

Los problemas en la atención de usuarios se registran desde abril y comenzaron los problemas para obtener pasaportes de urgencia en la misma sede de Migraciones y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El informe de Control Específico N° 012-2022-2-5996-SCE señala que lo ocurrido pudo ser solucionado con anticipación; por tanto, la presunta responsabilidad recae en cuatro funcionarios de la Oficina de Administración y Finanzas (OAF) y de la Unidad de Abastecimientos (UA) de Migraciones.

"La situación fue originada por el accionar de dichos funcionarios quienes tomaron la decisión tardía de realizar la compra mediante contratación de Licitación Pública, dilatando el plazo de manera innecesaria durante las indagaciones de mercado, y no consideraron lo advertido por la DIROP, en su condición de área usuaria, acerca de desabastecimiento una vez culminado el mes de febrero de 2022, situación que se debió prever en su momento", dice el informe de la Contraloría. 

Los funcionarios implicados argumentaron que buscaron propiciar la pluralidad y responder observaciones a las especificaciones técnicas que ya habían sido absueltas por las áreas especializadas y con ello "retrotrajeron todo el proceso nuevamente a la etapa de absolución de consultas extendiendo hasta el 3 de noviembre de 2021 la fecha para obtener por segunda vez cotizaciones".

Recién en noviembre de 2021 se decidió la compra de las libretas para pasaportes electrónicos por medio de una licitación pública. Esto significó un plazo adicional de 190 días calendario para que Migraciones pueda hacer uso de los insumos necesarios para expedir los documentos.

La crisis de desabastecimiento de pasaportes

La Contraloría recuerda en su informe que la situación de desabastecimiento de pasaportes elétrónicos "se produjo por un incremento de demanda no prevista suscitada desde abril de 2021, De acuerdo a una auditoria, de 5830 pasaportes emitidos en febrero se incrementó a 40 029 en abril y así sucesivamente, llegando incluso a emitirse 93 291 pasaportes en noviembre de 2021, lo que conllevó al agotamiento prematuro de los insumos.

"Este hecho se suscitó en el marco de las elecciones generales (primera y segunda vuelta), la apertura de vuelos internacionales y las vacunaciones contra la COVID-19 en el exterior del país, por lo que Migraciones brindó atención en horario ininterrumpido de 24 horas desde el 14 de junio de ese mismo año, en su sede principal", señala Contraloría. 

Los resultados del informe de control específico fueron notificados a la Superintendencia Nacional de Migraciones para el inicio del procesamiento de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el hecho observado.


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