En diálogo con RPP Noticias, Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de esta institución, advirtió que las muertes en los penales genera "responsabilidad internacional" para el Estado.
El adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, consideró necesario que el Gobierno evalúe una ley para que los jueces pueden determinar la libertad de los presos sin sentencia que se encuentran cumpliendo prisión preventiva por delitos que no sean graves, a fin de reducir la sobrepoblación en los penales.
"Es importantísimo que el Poder Judicial pueda, en este momento, revisar estas prisiones preventivas a la luz del impacto de la COVID-19 en las cárceles. Si no se hace de oficio, tendrá que disponerse una medida legal que así lo obligue y para ello se puede contar con el apoyo de los abogados de la defensa pública", señaló.
En diálogo con RPP Noticias, agregó que el Gobierno debe ser "mucho más agresivo en las medidas". En ese sentido, mencionó que el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ya ha señalado que "una medida no basta". "Necesitamos atacar el problema desde múltiples ángulos, pero necesita un marco regulatorio", anotó.
Castillo también recordó que este organismo ya había advertido la posibilidad de que los internos de distintas cárceles realicen protestas y motines ante la precaria situación que viven frente a la COVID-19. En ese sentido, lamentó que en los últimos años no habían ocurrido tantas muertes en un solo motín.
"La cuestión en la que estamos era previsible, la Defensoría apuntó que iba a impactar muy fuerte en el sistema penitenciario debido a las carencias que ya teníamos antes de que llegara al Perú: un sistema de salud penitenciario absolutamente debilitado y un hacinamiento que supera el 144%. Las medidas debieron llegar con mayor prontitud y con mayor fuerza", dijo.
Castillo señaló que la pérdida de vidas humanas por enfermedades en los penales genera para el Estado "responsabilidad internacional y nacional a futuro". Asimismo, precisó que la lucha contra la COVID-19 en los penales debe ser asumida por un comando unificado entre el INPE, la Policía y el Ministerio de Salud.
"Las acciones de salud tienen que verse, tienen que llegar de manera palpable. La queja en general en los motines viene siendo que no hay medicinas en los penales y no hay suficientes médicos para atender. Esta situación tiene que revertirse con medidas que sean tangibles penal por penal. La ausencia de pruebas también tiene que revertirse", señaló.
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