A través de un oficio enviado al presidente del Congreso, el Poder Ejecutivo manifestó su intención de legislar para reducir el hacinamiento en las cárceles y centros juveniles frente al riesgo de la COVID-19.
El Gobierno remitió al congreso el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia penal, procesal y carcelaria para el deshacinamiento en los penales del país por la emergencia sanitaria generada por la COVID-19.
El presidente Martín Vizcarra ya había adelantado, días atrás, que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, presentaría al Congreso un nuevo pedido de facultades legislativas para abordar el hacinamiento en los penales, luego de que el archivaran por abstención los proyectos de ley que presentaron sobre este tema el Ejecutivo y el Poder Judicial.
En conferencia de prensa, Vizcarra recordó que las iniciativas del Ejecutivo y del Poder Judicial fueron enviadas al Congreso por tratarse de la institución encargada de legislar. Sin embargo, cuestionó que ambas iniciativas se hayan enviado al archivo después de que la votación en abstención de los congresistas fuera la que alcanzó más votos.
"El problema está ahí y hay que darle una solución. Entonces, hemos tomado como decisión del Gobierno que, si no legislas al respecto (el Congreso), danos a nosotros la responsabilidad y nosotros sí lo hacemos. Aquí no se trata de lavarse las manos (…) Dennos esa facultad para legislar en el tema y nosotros damos la ley que está requiriendo el Poder Judicial", indicó
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, recordó el Gobierno tomó la decisión de presentar un proyecto de ley al Congreso para reducir el hacinamiento penitenciario luego de que la exhortación que hizo al sistema de justicia para que activen de oficio sus mecanismos de revisión "no tuviera el impacto deseado".
Luego de señalar que no es intención del Gobierno "trasladar el problema al Congreso", el ministro recordó que, antes de presentar este proyecto de ley, el Ejecutivo solicitó la delegación de facultades, las cuales fueron interpretadas como denegadas tras "una comparación literal entre lo que se solicitó y lo que se concedió".
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