Aunque el presidente del Consejo de Ministros ha afirmado que el gabinete se mantiene cohesionado, ha abierto la puerta a la eventual salida de algunos de sus miembros: “Donde sea necesario, se harán cambios”, afirmó en conferencia de prensa.
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La interpelación a los ministros es una facultad que la Constitución garantiza a los congresistas para que ejerzan su mandato de control político al Ejecutivo. En total cuatro ministros deben presentarse ante el Pleno del Congreso y responder a las preguntas de un pliego interpelatorio que se les ha hecho llegar. Los titulares del Interior y de Cultura se presentarán hoy, mientras que el lunes 25 será el turno de los ministros de Transportes y de Energía y Minas. Aunque el presidente del consejo de ministros ha afirmado que el gabinete se mantiene cohesionado, ha abierto la puerta a la eventual salida de algunos de sus miembros: “Donde sea necesario, se harán cambios”, afirmó ayer en conferencia de prensa. Aunque la dinámica de una sesión parlamentaria puede ser imprevisible, la situación del ministro del Interior parece la más comprometida. Víctor Torres es objeto de dos interpelaciones y algunos congresistas dan por descontada su censura, basándose en los contactos producidos entre las bancadas. Se le reprocha a Víctor Torres la falta de un plan creíble para hacer frente a la delincuencia y la criminalidad, pero también decisiones como la remoción del comandante general de la Policía, general Jorge Angulo. Para justificar esa decisión, Torres dijo que todo cambio era positivo y que ya Angulo había cumplido más de un año en el cargo. Pero los congresistas saben demasiado bien que ellos mismos han aprobado una norma para garantizar dos años en el cargo a los comandantes generales. En el caso de Cultura, Leslie Urteaga deberá explicar la solución aportada al discutido modo de vender entradas para visitar Machu Pichu. Al ministro Pérez Reyes corresponde explicar el funcionamiento de los controladores aéreos, mientras que el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, dirá si hay conflicto de interés o no entre su actividad privada y su aspiración ministerial a impulsar el proyecto minero Tía María.
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