Contraloría señala que sí requirió descargos a Dina Boluarte y le solicitó aclaraciones en dos oportunidades

La Contraloría General de la República señaló este miércoles que sí se respetó el derecho a la defensa de la vicepresidenta Dina Boluarte, se le requirió sus descargos y se le notificó la solicitud de aclaraciones en dos oportunidades. Esto luego que se dio a conocer que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social habría incurrido en infracción constitucional al integrar los consejos directivos del Club Departamental Apúrímac y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.

A través de un comunicado, la Contraloría General informó que se vio en la obligación de hacer precisiones frente a las recientes afirmaciones de Dina Boluarte sobre el proceso de fiscalización realizado a sus Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas y de Intereses.

"Sí se respetó su derecho a la defensa requiriéndole los descargos y se le notificó la solicitud de aclaraciones correspondientes en dos oportunidades, tal como consta en los Oficios N° 00045-2022-CG/FIS y N° 00057-2022-CG/FIS, notificados válidamente el 10/03/2022 y 20/04/2022 respectivamente. Las respuestas a las aclaraciones solicitadas fueron presentadas y suscritas por la funcionaria mediante Cartas de fechas 21/03/2022 y 27/04/2022", indicó.

La Contraloría General aseguró que comunicó adecuadamente a Dina Boluarte el resultado de la fiscalización a sus declaraciones juradas, de acuerdo a la normativa de fiscalización vigente

"Conforme Directiva N° 012-2021-CG/FIS-Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas presentadas y remitidas a esta entidad, aprobada por Resolución N° 284-2021-CG. Dicha acción se confirma mediante Carta N° 000003-2022-CG/FIS y el cargo de recepción respectivo firmado por la propia funcionaria el 20/05/2022", detalló.

Además, precisó que de acuerdo a la normativa vigente, las acciones derivadas de la fiscalización de las declaraciones juradas son un "acto propio de administración" y "no un procedimiento de sanción" que corresponda a la Contraloría General.

"Actuamos de manera legal y técnica y en virtud de ello corresponde remitir los resultados de la fiscalización y los hechos advertidos a las entidades que tengan competencia para que los evalúen de acuerdo a sus atribuciones y dispongas las investigaciones y medidas correspondientes", puntualizó.

"No me ha sido notificado"

Más temprano, la vicepresidenta Dina Boluarte aseguró, vía Twitter, que el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República no le fue notificado.

"Expreso mi protesta por el actuar de Contraloría. Su Informe de Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas 005-2022-CG/FID-FEDJ, de 60 páginas, no me ha sido notificado", publicó.

Dina Boluarte señaló que solo se le envió una carta donde no existían conclusiones o recomendaciones, por lo que desconoce el contenido del informe.

"Vulnera así mi derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución. ¿Con qué intención lo hace?¿La Contraloría ignora lo que es una regularización registral?, ¿Promueve una sanción política?, ¿Quién incumple con su mandato constitucional?", escribió en su red social. "La Contraloría debe ser siempre un organismo técnico y jamás político", agregó.

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"Espacio Vital": Antes de la aparición de la Covid 19, las causas principales de muertes materna eran hipertensión y hemorragias, pero luego, las emergencias por el coronavirus tomaron el primer lugar y 1 de cada 3 embarazadas fallecieron por hasta que empezó la vacunación contra la Covid 19, así lo explicó la doctora Magaly Blas, médica epidemióloga, investigadora de la facultad de salud pública de la universidad peruana Cayetano Heredia y directora del proyecto "mamás del río". Señaló que todos los centros de salud se concentraron en atender los casos de Covid y reveló que antes de la pandemia vio en las zonas rurales, la dificultad que tenían las madres para movilizarse, Lamentó que cuando muere un bebe o una mujer en una zona rural, no se registra porque fallecen en el camino y es enterrado en su comunidad. En 2021, el 51% de las muertes se dieron en Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, pero no hay datos específicos que indiquen dónde ocurren las muertes de mujeres gestantes.

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