El Ministerio Público comunicó que abrió una investigación preliminar en contra de los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de los dos peruanos fallecidos y otros en la segunda marcha nacional contra el gobierno de Manuel Merino,
El Ministerio Público comunicó que abrió una investigación preliminar en contra de los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de los dos peruanos fallecidos y otros en la segunda marcha nacional contra el gobierno de Manuel Merino, "en el contexto de graves violaciones de Derechos Humanos". | Fuente: AFP

La Fiscalía de la Nación comunicó que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en contra de los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado y otros, en el contexto de graves violaciones de Derechos Humanos.

"El caso está a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos, que también abrirá investigaciones por lesiones leves y lesiones graves en agravio de los heridos, y en torno a los casos de desaparecidos en la movilización social", comentó.

Como se sabe, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó este domingo que hasta el momento hay 114 heridos, dos fallecidos y 41 desaparecidos a raíz de la "represión policial" contra participantes de la Segunda Marcha Nacional.

En la madrugada de este domingo 15 de noviembre, a través de sus redes sociales, la entidad del Ministerio Público lamentó el fallecimiento de estos ciudadanos y garantizó que el proceso se llevará “con la transparencia, objetividad y celeridad” que corresponde.

La investigación está a cargo de las fiscales Lesly Carmona Viena, de la 4° Fiscalía Provincial Penal de La Victoria, y Juana Meza Peña, de la 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima, con el apoyo de los médicos legistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la Gerencia de Peritajes del ministerio.

Asimismo, invocó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú “a realizar un uso debido y proporcionado de la fuerza, en pleno respeto por los derechos de los ciudadanos”.