Además, el ministro de Agricultura aseguró en RPP Noticias que fue un invitado de la empresa china Changjiang, la cual ha demandado al Estado peruano por 4 millones de soles.
El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, afirmó que el presidente Martín Vizcarra no es partidario de la aplicación de pena de muerte. La polémica surgió luego de que el último domingo el mandatario opinara que hay que analizar la pena de muerte en casos de violación
“La verdad es que (Martín Vizcarra) no es partidario de la pena de muerte. Él ha dicho bien claro que más que una norma, tiene que legislarse sobre esto. La aplicación de la pena de muerte conlleva a renunciar a los derechos humanos”, comentó en ¿Quién tiene la razón? por RPP.
“Bajo ninguna naturaleza el presidente ha mostrado su interés”, reafirmó el ministro. Además, aclaró que el tema de pena de muerte se sebe consensuar con el legislativo, pues lo que busca el gobierno es obrar en positivo.
Vínculos con empresa china
Además, el ministro Montenegro comentó sobre la presunta vinculación que habría mantenido con la empresa china Changjian, que elaboró un estudio por más de 1,7 millones de soles. Según el dominical Cuarto Poder, la compañía estaría vinculada a él desde 2013, cuando se desempeñaba como jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
En aquel año, el actual ministro firmó un memorándum de cooperación técnica, científica y económica en gestión del agua con la empresa china. Changjiang Institute, en julio de 2019, ganó la adjudicación para la elaboración de estudios para la construcción de la represa de Yanapuquio, en Moquegua.
“No he sido trabajador o empleado por parte del instituto. Yo fui invitado como asesor de la Mancomunidad del Norte. El gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck con el asesor Juan Manuel Benitez deciden tener una reunión. Y yo te puedo asegurar que fui un invitado por la especialidad que tengo”, afirmó.
Detalló además que el convenio tenía una composición de Estado-Estado. En este caso, el estado peruano invertía un 60% y el chino el 40% restante. “Es un convenio Estado-Estado y hay un mecanismo regulatorio. No es un tema concursable. Es un convenio donde cada uno configura un porcentaje”.
Changjiang Institute ha demandado a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y exije 4 millones de soles por la resolución de un convenio.
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