“Retroceso histórico en la lucha contra la corrupción”

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Luis Lamas Puccio es un abogado penalista de largo desempeño como litigante e insospechable de pensar de manera sesgada contra el gobierno de Dina Boluarte y la mayoría que controla el Congreso. Y, sin embargo, a propósito de una ley promulgada por el Ejecutivo, no ha dudado en calificarla como un “retroceso histórico en la lucha contra la corrupción”. 

El Ejecutivo no ha osado observar la ley aprobada por el Congreso que exceptúa a los partidos políticos de la posibilidad de ser investigados como “organizaciones criminales”. De acuerdo a la nueva ley, la Fiscalía puede investigar como organización criminal a las empresas, las universidades y hasta las iglesias. Pero no a los partidos políticos. 

Esta ley es tanto más chocante que ha sido promovida por partidos que, precisamente, se hallan investigados: Fuerza Popular, Podemos, Renovación Popular, Partido Nacionalista y Perú Libre. 

Una vez más, los partidos osan aprobar leyes que los benefician directamente, lo que se suele denominar con un verbo coloquial: blindarse. Como en tantas otras circunstancias se sigue produciendo un fenómeno perverso en nuestra vida judicial: que el justiciable pretenda determinar en su favor las condiciones en que le corresponde ser juzgado. La ley ha sido promovida con el mismo argumento que llegó a la proscripción precipitada de los movimientos regionales. 

En este caso, se pretende evitar que los partidos puedan ser disueltos y que sus bienes sean confiscados. Pero los legisladores han omitido decir que si se llegara a esos extremos sería sin duda a causa de un comportamiento criminal de quienes aspiran a gobernarnos. 

Peor aún, la ley es un aliciente para grupos de criminales que busquen garantizar su impunidad, puesto que desde ahora el camino más simple será crear un partido político y actuar bajo su fachada. Triste manera de hacer leyes y más triste aún la manera que tiene el gobierno de lavarse las manos y promulgarlas.

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De acuerdo a la nueva ley, la Fiscalía puede investigar como organización criminal a las empresas, las universidades y hasta las iglesias. Pero no a los partidos políticos.

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