El abogado Andrés Calderón cita un estudio sobre desinformación y noticias falsas que llega a una conclusión muy aleccionadora: las personas caen en noticias falsas "no tanto por sesgos políticos sino porque no desarrollan un pensamiento analítico".
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Una vieja perturbación cotidiana merece ser destacada pese a que la actualidad está dominada por grandes temas electorales, por las cifras de la pandemia y todas las variantes posibles de la lucha contra la corrupción: el transporte en las ciudades. El día de ayer se formaron aglomeraciones en los paraderos de las rutas alimentadoras de Lima, en los que decenas de miles de personas se vieron obligadas a pasar horas en espera de un bus de llegada improbable. En Lima el transporte urbano es responsabilidad de una Autoridad específica, que tomó mucho tiempo crear: la ATU. El objetivo general está definido: acabar con la anarquía y el maltrato que han prosperado al calor del abandono del Estado y la vigencia de la ley del más fuerte. Las empresas que han recibido concesiones en las rutas alimentadoras exigen que el Estado les pague un subsidio por las pérdidas causadas por la pandemia, pero, como es natural, el Ministerio de Economía reclama la presentación actualizada de la estructura de gastos. Pero en vez de cumplir con las condiciones para recibir compensaciones, los concesionarios prefieren tomar de rehenes a los usuarios, que además de verse privados del transporte se ven expuestos a los riesgos del contagio.
El comunicado de la ATU exhorta “a los concesionarios a retomar la prestación de las rutas alimentadoras con el propósito de asegurar la movilidad de la ciudadanía que utiliza esos servicios”. Si este tipo de medidas de fuerza se llevan a cabo en rutas que van desde el Naranjal en Independencia hasta Matellini en Chorrillos, ¿qué podemos esperar de las rutas en las que siguen dominando las combis y los colectivos ilegales? Por cierto, que la salud y el empleo son temas más graves en las actuales circunstancias, pero las deficiencias del transporte afectan la calidad de vida, limitan la productividad, impiden el respeto de la distancia social y convierten las calles en un escenario de anti-pedagogía ciudadana. Las ciudades del Perú ofrecen el peor sistema de transporte de América Latina. Ese sistema es consecuencia de la informalidad, pero a la vez consolida la informalidad como el marco en que se desenvuelven el trabajo y la vida.
Un espacio de comunicación mucho más moderno y complejo es la plataforma digital conocida como “twitter”, es decir “gorjeo”, cuyo símbolo en las pantallas es un pajarito azul. El abogado Andrés Calderón se pregunta en El Comercio si la empresa privada que ha creado twitter tiene derecho a aplicar reglas que en la práctica limitan la capacidad de reenviar automáticamente textos de otros o, en casos excepcionales, formular mensajes que atenten contra el respeto a la verdad y los valores democráticos. Calderón, jefe del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico, responde que sí deben existir reglas. Y desestima las bravatas del detractor “más ferviente del pajarito azul: Donald Trump”. Calderón recuerda que cada día se envían más de 500 millones de tuits y que se trata de una empresa privada que “tiene todo el derecho de poner sus propias reglas a sus usuarios… sin que esto califique como censura”. Calderón cita un estudio sobre desinformación y noticias falsas que llega a una conclusión muy aleccionadora: las personas caen en noticias falsas “no tanto por sesgos políticos sino porque no desarrollan un pensamiento analítico”. O sea, “más que ideologizados somos flojos”.
El excongresista Virgilio Acuña es conocido a la vez como mecenas de talentos del mundo digital y partidario de Antauro Humala. Lo más moderno y lo más arcaico. Acaba de romper con UPP y ataca duramente a su vocero, José Vega Antonio. ¿Ideología, flojera o misterios insondables de las cárceles?
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