Esterilizaciones forzadas
De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, entre 1996 y el 2001 se realizaron más de 272 000 operaciones de ligaduras de trompas y 22 000 vasectomías. | Fuente: Demus

Las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori exigieron al juez Rafael Martín Martínez que fije fecha y hora para proseguir con la audiencia de sustentación de cargos.

El lunes pasado, debido a la falta de traductores de quechua, el Poder Judicial suspendió la audiencia de presentación de cargos contra los involucrados en este proceso, Alberto Fujimori y sus exministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, entre otros, denunciados como coautores de los delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

"Basta de impunidad. Sabían que muchas éramos quechuahablantes, el juez y el fiscal tenían que haber previsto traductoras oficiales, es nuestro derecho", dijo Rute Zuñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).

Dado que entre los quechuablantes hay variaciones en el idioma, la defensa legal de Alberto Fujimori, César Nakazaki, pidió al magistrado Martínez que se cautele el derecho de las víctimas a tener un intérprete por cada tipo de variante, a lo cual se sumaron los abogados de los otros implicados.

Inés Condori, presidenta de la Asociación de Víctimas de Chumbivilcas, interpretó la solicitud Nakazaki como una maniobra para dilatar la investigación judicial y excluir a Fujimori del proceso penal.

Por su parte, María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (AVEF) de Lima y Callao, recordó que no es la primera vez que Fujimori alega "problemas de salud para evadir la justicia y tratar de quedar impune".

Alberto Fujimori debía participar de la audiencia; sin embargo, no se presentó, porque estaba "descompensado" y era evaluado por una enfermera al presentar una saturación de 89 % y requería de oxígeno, según informó un encargado de seguridad del penal de Barbadillo.

Además, Nakazaki alegó que su patrocinado "no tiene obligación legal" de estar presente, aunque sea de forma remota, porque solo puede ser sometido a los procesos penales que han sido objeto de su extradición de Chile.

"Fujimori no puede ser un denunciado ausente. Exigimos se agilice la solicitud de extradición por esta causa que afectó a miles de mujeres que llevan luchando más de 25 años por verdad, justicia y reparaciones integrales", agregó María Esther Mogollón coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones en Esterilizaciones Forzadas.

En este caso son más de 1 300 denunciantes y en su mayoría mujeres indígenas andinas y amazónicas, campesinas y de zonas urbano populares en situación de pobreza, que esperan justicia por dos décadas.

En un informe, la Defensoría del Pueblo reveló que se realizaron 272 028 operaciones de ligaduras de trompas y 22 004 vasectomías entre 1996 y 2001, casi en su totalidad a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, pero se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante engaños y coacciones.