Expertos analizan los posibles escenarios que enfrentan los empresarios investigados

El Poder Judicial inició a primera hora de este domingo la audiencia en la que se decidirá el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra cinco representantes de las empresas asociadas con la constructora Odebrecht en la ejecución de la Carretera Interoceánica.

La audiencia se lleva a cabo en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho. Participan el fiscal Hamilton Castro, quien comanda el Equipo Especial Anticorrupción que investiga el caso y los abogados de los implicados.

El caso

Halmiton Castro pidió prisión preventiva para Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente del área de infraestructura de G&M), José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del director de G&M), Hernando Alejandro Graña Acuña, (exdirector de G&M), José Fernando Castillo Dibós (director general de ICCGSA) y Fernando Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A). 

Castro explicó que el pedido se sustenta a partir de que se descubrió que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), cedieron parte de sus utilidades a la constructora brasileña como compensación por el soborno de 20 millones de dólares que se entregó al exmandatario.

El análisis

RPP se comunicó con tres expertos penalistas para conocer qué tan probable es que se apruebe la prisión preventiva para los implicados. Estas son sus posiciones:

Luis Lamas Puccio. Según el abogado, la Fiscalía ha dado un buen sustento y nada debería impedir que el juez dicte prisión preventiva para los cinco empresarios.

"Todo la información de carácter contable ya ha sido verificada. No olvidemos, además, que se trata de personas con una buena situación económica, que aún con una orden de impedimento tienen las posibilidades de salir del país", dice.

Otro argumento de Lamas Puccio a favor de la decisión del juez, es que la prisión preventiva es cada vez más común. Y esto se comprobó con la detención de Ollanta Humala y Nadine Heredia el pasado 14 de julio. "Antes, era algo de carácter excepcional. Ya no es más así. Ahora, con lo dicho por un colaborador eficaz es más que suficiente", dice.

Mario Amoretti. Para Amoretti, por el contrario, que los implicados tengan una capacidad económica más allá de lo normal, no impide que vayan evadir a la justicia.

"Lo más probable es que el juez decida que los empresarios acudan cada 15 días a acreditar su permanencia", dice. Él opina que la prisión preventiva es lo último que puede llevarse adelante. "Lo genérico es que una persona reciba un proceso penal en libertad", menciona.

César Nakasaki. El Abogado defensor del ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, tiene una opinión diferente. Para él, la decisión es incierta. Podría ser tanto uno, como lo otro.

"Para empezar, me parece que el requerimiento de prisión preventiva no está bien fundamentado, solo que existe una corriente en la que todos los pedidos se están declarando fundados", dice. La explicación de Nakasaki radica en que la prueba principal, que es la declaración de Jorge Barata, no es válida.

"Hace unos días, el juez y el fiscal reconocieron que esa declaración no va, pero la siguen utilizando", dice. En su opinión, no se pueden utilizar pruebas a las que la defensa no ha tenido acceso. 

La decisión final se conocerá antes de las tres de la madrugada del lunes.